Funcionarios defendieron en el Congreso el proyecto de estatizaci&oacu

El Gobierno hizo una enfática defensa ante el Congreso del proyecto para estatizar el sistema jubilatorio, negó haber tomado esa decisión porque necesite hacer "caja" y dijo que los "tres poderes" del Estado garantizarán los fondos previsionales, que en la actualidad son 77.000 millones de pesos, y no 95.000 millones como se creía. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la ANSeS, Amado Boudou, fueron los encargados de llevar la voz cantante del oficialismo en Diputados, y reclamaron a los partidos de la oposición que pedían cambios en el sistema previsional, que ahora se sumen al proyecto oficial. "Los tres poderes van a garantizar las jubilaciones", dijo Tomada, y dijo que el Estado "no puede ser un espectador". El ministro señaló que el proyecto del Gobierno "privilegia la equidad, la solidaridad y la vocación por la distribución del ingreso", y afirmó que "la volatilidad de los mercados no deja demasiado espacio para prórrogas para deudas irrecuperables". "(La crisis) demostró la debilidad de un sistema privado que se recuesta en lo público para pagar sus prestaciones. Ante esta situación, el Estado no puede ser un mero observador", agregó el ministro de Trabajo. Destacó que "los fondos van a estar garantizados por los tres poderes del Estado" y cuestionó a los que critican al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Por su parte, Boudou aseguró que el proyecto previsional del Gobierno no persigue "hacer caja" porque "no lo necesitamos", y puntualizó que los fondos que administran las AFJP llegan a 77.800 millones de pesos y no a 95.000 millones como se especulaba. Al exponer en la Cámara de Diputados, donde se analiza el proyecto para pasar al sistema estatal las jubilaciones privadas, Boudou aclaró que los fondos de las AFJP "no serán invertidos en el exterior" y que el Estado mantendrá las acciones de las empresas y no saldrá a malvenderlas. En cuanto a la situación de los trabajadores de las AFJP, el funcionario dijo que el Gobierno asumió el compromiso de reubicarlos en el sector público. "Algunos quizá no quieran pasar al Estado, pero le garantizamos que todos los que deseen pasar, tienen un lugar en la ANSeS, en la AFIP y en el INADI", indicó Boudou. Las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se abocan durante toda esta semana a escuchar explicaciones y recibir opiniones de distintos sectores sobre el proyecto del Poder Ejecutivo que elimina las AFJP. El ministro de Trabajo afirmó que "la volatidad de los mercados no deja demasiado espacio para prórrogas para deudas irrecuperables". "(La crisis) demostró la debilidad de un sistema privado que se recuesta en lo público para pagar sus prestaciones. Ante esta situación el Estado no puede ser un mero observador", agregó, y citó casos en el exterior en donde los gobiernos nacionales salvaron bancos y entes financieros privados. Tomada destacó que "los fondos van a estar garantizados por los tres poderes del Estado" y cuestionó a los que critican al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. "¿A qué caja se refieren? No entiendo cuando hablan de defender el dinero de los jubilados y hablan de la caja privada", se quejó. Al hablar ante el plenario de las comisiones de Previsión Social y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro defendió el proyecto de reforma previsional del Poder Ejecutivo y dijo que "la base del endeudamiento externo del país tuvo como una de las principales causas el sistema de capitalización". Para este miércoles están invitados representantes de la cámara de AFJP, de la CGT -cuyo secretario general, Hugo Moyano, ya adelantó su posición a favor del proyecto- y de la CTA para cerrar el jueves las consultas con el ombudsman de la Tercera Edad, Eugenio Semino. Tomada aseguró que "estuvo siempre en los planes" del Gobierno estatizar el sistema jubilatorio privado que administran las AFJP. Dijo que el sistema de capitalización fue una "pésima decisión" y agregó que fue "un circuito perverso que nunca tuvo control parlamentario, fue un conjunto de falacias y promesas incumplidas". "Las administradoras compraban bonos que sabían que iban a caer en default", denunció Tomada, y consideró que "la inestabilidad de los mercados desnudó la debilidad de un sistema privado que se recuesta en lo público".