| La ministra de Defensa, Nilda Garré, aseguró ayer que "es una nueva provocación del juez Guillermo Tiscornia" su citación a declaración indagatoria en una causa por la que se investiga una operación de contrabando de armas a Estados Unidos.
Según la funcionaria, su acusación es "improcedente, tanto por el fondo del tema como por su oportunidad" y, aunque admitió que la frustrada exportación de armas podría haber generado un "perjuicio al Estado", Garré destacó que el organismo cuestionado por el hecho, Fabricaciones Militares, está bajo jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal y no de la cartera que lidera.
"Se ha producido una nueva provocación a la que ya nos tiene acostumbrados este juez que nunca debió serlo. Fue juez porque el menemismo inicialmente así le pagó favores recibidos y se los siguió pagando cuando Menem indultó a su padre, (otro magistrado destituido y condenado a varios años de prisión)", enfatizó Garré.
Garré fue convocada para el 7 de setiembre próximo, aunque el trámite está en suspenso debido a que este jueves el Consejo de la Magistratura iniciaría un juicio político a Tiscornia, por lo que automáticamente quedaría suspendido en el cargo.
Si los pronósticos se cumplen y Tiscornia es suspendido, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico deberá designar de inmediato a otro juez para que lo reemplace.
A través de un comunicado, Garré aseguró que Tiscornia "es un juez que avergüenza a los que creemos en la Justicia y el Derecho" y sostuvo que dictó "una medida absolutamente improcedente" al citarla a indagatoria.
"Funda (la medida) en información recibida de Estados Unidos sobre el precio que admite el importador y que difiere del declarado por el exportador lo que afianza la apreciación de la Aduana. Esto es lo que debe profundizar el juez, si quiere investigar el incumplimiento de normas aduaneras", aseguró la ministra.
Sin embargo, Garré evaluó que Tiscornia "prefiere, porque es más redituable en su doble objetivo de extorsionar y de victimizarse en las vísperas inminentes de su juicio político, tirar un manto de sospecha sobre una ministra de la Nación".
Hablando en tercera persona, la titular de Defensa aseguró sobre ella misma que "cumplió correcta y responsablemente la acotada tarea que las normas vigentes le señalan en este caso", en el marco de la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico.
Ese organismo está integrado por un embajador y dos funcionarios del nivel de Director Nacional, representantes de los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Defensa.
"Las funciones de esta Comisión sólo se limitan a aprobar si la solicitud de licencia previa de exportación que se le formula puede vulnerar compromisos internacionales asumidos por el país, al -eventualmente- encubrir sustancias, elementos, tecnologías o equipamientos para fabricar armas de destrucción masiva", explicó Garré.
En ese sentido, sostuvo que "solamente" esa función es de circunscripción de la Comisión y advirtió que "para el control de las normas aduaneras existe el organismo competente, que realizó adecuadamente su labor e impidió un perjuicio al Estado".
"Para colmo, el juez ignora que la dirección General de Fabricaciones Militares dejó de depender del Ministerio de Defensa desde el 29 de abril de 1996", subrayó Garré y completó: "pasó a la jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal".
Fuente: NA.
