Gravísima acusación contra uno de los fiscales de la cau

Un escándalo de incontenibles consecuencias sacude una vez más una de las causas más complejas de la historia judicial argentina. Ahora, su principal protagonista es el fiscal adjunto Marcelo Martínez Burgos. El funcionario judicial habría mantenido reuniones secretas con abogados cercanos a la Embajada de Irán en nuestro país con el único objetivo de hacer caer las acusaciones que pesan sobre ex funcionarios de ese país. El nexo para contactar al fiscal habría estado en manos de un estudio jurídico argentino que ya tuvo participación en la causa AMIA. Se trata del Estudio Juan Martín Cerolini, Ricardo Montemurro y Asociados, cuyo principal socio es Cerolini. Al hacerse pública la acusación que la Justicia argentina hizo a nueve ex funcionarios iraníes por la voladura de la mutual judia, la Embajada de Irán en Buenos Aires pensó en contratar a Cerolini, cuyo estudio ya había participado de forma exitosa en otro tramo de la causa. El plan inicial para contar con los servicios del estudio quedó en la nada cuando Teherán ordenó no impulsar una defensa de los ex funcionarios implicados por el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral, porque eso implicaría aceptar la acusación. Sin embargo, la necesidad los llevó a buscar sus servicios para otro trabajo, no menos importante. Ante la inminencia de la orden de captura por parte de Interpol de los nueve ex funcionarios implicados -entre los que se encuentra un ex presidente- algo debía hacerse para impedir la medida y otra vez se pensó en Cerolini. La idea era simple: Cerolini debía convencer al fiscal Martínez Burgos -con quien mantenía una relación de amistad y hasta familiar- de que diera un paso al costado en la investigación y con eso comenzar una estrategia que tendiera a debilitar la pista iraní. El objetivo consistía en que si uno de los fiscales daba a entender que se retiraba por una dudosa “fatiga mental” se produciría una eclosión tal dentro de la investigación que atentaría contra el resto de la causa, y por decantación sobre la pista de los iraníes, en la que tanto Martínez Burgos como Alberto Nisman -fiscal principal de la causa- trabajaron durante los últimos años. Así, se daría a entender que existía una gran disidencia entre ambos fiscales por haber involucrado a Irán en la causa y la debilidad de la acusación comenzaría a hacerse notar. El motivo oculto de la renuncia de Martínez Burgos no habría sido el de “fatiga moral” sino, por el contrario, un total desacuerdo sobre cómo se estaba manejando la investigación. Así, Cerolini y Martínez Burgos comenzaron a reunirse en el lobby del Hotel Hilton de Puerto Madero, donde varios testigos aseguran haberlos visto con frecuencia. El abogado que entabló el contacto era de esta manera el mediador entre el fiscal -quien debe investigar y juntar pruebas- y el acusado, en este caso Irán. La acusación cobraría en los próximos días ribetes de escándalo cuando la denuncia sea formalmente presentada ante la Justicia. Los delitos que le imputarán serán los de “negociaciones incompatibles con sus deberes de funcionario público” y “prevaricato”. Fuente: Infobae.