Martes 4 de Marzo de 2014, 11:00

Impulsan iniciativa popular para poder tratar la derogación del

| La DAIA onsidera que "es el mecanismo adecuado para que exista tratamiento en el Congreso". Al igual que la AMIA, la entidad comunitaria expresó su "molestia" por el discurso de la Presidente en la Asamblea Legislativa

Santiago Kaplun, secretario de Asuntos Jurídicos de la DAIA, aseguró que el discurso del sábado de Cristina Kircher adelantó los tiempos de la iniciativa, que venía siendo elaborada desde semanas antes. La mandataria había instado a la oposición a que "presenten un proyecto viable, lógico, jurídico, atado a las normas del derecho internacional para lograr que los acusados (por el atentado en la AMIA) declaren". "La idea de la institución es que sea una iniciativa totalmente apolítica- en el sentido partidario- y surge del Departamento Jurídico de DAIA", aseguró Kaplun en declaraciones a la Agencia Judía de Noticias. Aclaró que si bien existen "proyectos de ley similares presentados por partidos políticos", en la DAIA entienden que cuentan con la "capacidad y deber" por estar "avalados por el plenario de presidente que nos dio mandato para presentar nuestro propio proyecto". La elaboración de la iniciativa cuenta con la colaboración técnica del ex Diputado Ricardo Gil Lavedra. "Es un apoyo jurídico, no político", remarcó. Kaplun explicó que la iniciativa de la DAIA necesita reunir 500 mil firmas para poder presentarse en el Congreso de la Nación con el fin de lograr la iniciativa popular. "Hay una cantidad de requisitos técnicos, como ser reunir una cantidad mínima de suscripciones, que es un porcentual del padrón electoral dividido en un mínimo de jurisdicciones electorales nacionales (...) "Es una campaña muy ardua donde la institución tendrá que generar los mecanismos para poder recolectar las firmas y el Congreso tiene 12 meses para tratar el proyecto que se presente", recordó. Kaplun dijo además que la DAIA tiene "preparada la batería de presentaciones en organismos internacionales" denunciando el acuerdo como un "avasallamiento a la justicia argentina" y denunciándolo como "violatorio de temas relacionados con los derechos humanos". Fuente: AJN.