Política | La Diputada Silvana Giudici propone eliminar pensiones vitalicias y otros privilegios de funcionarios públicos condenados, mientras que Damián Arabia busca aplicar esta medida específicamente a ex Presidentes y Vicepresidentes.
La Diputada nacional Silvana Giudici ha presentado un proyecto de ley que busca revocar los honores, la custodia, y el derecho a pensiones vitalicias de privilegio para funcionarios públicos condenados por delitos cometidos durante su gestión.
Este proyecto exige una condena firme en segunda instancia para delitos como corrupción, incumplimiento de deberes y delitos contra la integridad sexual.
También propone modificar el Código Penal para establecer penas de hasta 20 años por abuso sexual e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a los condenados por estos delitos.
Simultáneamente, el Diputado Damián Arabia presentó una iniciativa similar, limitada a ex Presidentes y Vicepresidentes, y abarcando delitos cometidos tanto durante como después de su mandato.
El proyecto de Arabia también busca suspender provisionalmente la pensión vitalicia al inicio del procesamiento y quitarla definitivamente con una sentencia firme.
Arabia sostiene que estas pensiones deben ser compatibles con los principios de integridad y responsabilidad, citando como precedente la Ley 26.475 que extinguió beneficios para funcionarios del "Proceso de Reorganización Nacional".
Estos proyectos surgen en un contexto de denuncias judiciales contra Alberto Fernández por violencia de género.
Giudici critica a Fernández, argumentando que no merece los privilegios de un ex mandatario tras ser acusado de maltrato.
La propuesta de Giudici cuenta con el respaldo de los Diputados Emmanuel Bianchetti, María Florencia De Sensi, José Nuñez, Hernán Lombardi, Sabrina Ajmechet, Verónica Razzini, Karina Bachey, Gabriel Chumpitaz, Patricia Vásquez, y Sergio Capozzi.
Por su parte, Arabia tiene el apoyo de José Nuñez, Sabrina Ajmechet, Sergio Capozzi, Emmanuel Bianchetti, y Ana Clara Romero.
Ambos proyectos subrayan la necesidad de justicia y equidad, buscando garantizar que los altos cargos de la Nación cumplan con las mismas normas que el resto de los ciudadanos.
