Impulsan ley que ponga límites a la extranjerización de

En el término de 50 días, la presidenta Cristina Fernández le reclamó en dos oportunidades al Congreso de la Nación que sancione la ley que pone límites a la extranjerización de la tierra. El 1 de marzo en la apertura de la Asamblea Legislativa, la primera mandataria había anunciado el inminente envío de la Ley de Propiedad de la Tierra y había argumentado sobre la necesidad de su sanción. Un mes y medio más tarde, el 20 de abril, en el marco del plenario de la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO) reiteró el pedido dirigido a los legisladores nacionales. En ese contexto reiteró que “de ningún modo el proyecto tendrá un sesgo de xenofobia, porque simplemente vamos a tomar los ejemplos de otros países donde se respeta los derechos adquiridos, pero se defiende el patrimonio sin tantas vueltas”. Y especificó que la iniciativa “será para cuidar la jurisdicción de la tierra, para que siga siendo de la Argentina”. Por estas horas hay una decena de proyectos de ley que buscan restringir la extranjerización de la tierra pero, según los asesores de la bancada oficialista, el proyecto que girará la Casa Rosada “será superador y contemplará en muchos puntos a las iniciativas ya presentadas”. Si bien el proyecto de ley delineado por el Poder Ejecutivo aun no tomó estado público, trascendió que uno de los ejes centrales será que la comercialización de la tierra productiva no podrá ser considerada una inversión privada, por lo que quedará comprendida bajo el dominio público. Por otra parte, la normativa estipulará cual es el porcentaje de tierras rurales que podrán estar en manos de extranjeros tanto a nivel nacional, como provincial y municipal. Además, la iniciativa inspirada en la legislación brasileña, también definirá un porcentaje, que se estima será del 30% de esas tierras, que podrán estar distribuidas entre titulares de la misma nacionalidad. El debate que propone la norma abarca también la concentración de la tierra, el modelo de producción agrario, la soberanía alimentaria, el control de los recursos naturales y el acceso a la tierra de los pueblos originarios. La reconversión del sistema de producción agrario en la Argentina, que puso a la soja como principal baluarte, profundizó la concentración de la propiedad de la tierra y a su vez generó un proceso de extranjerización. Esto llevó a que, según un informe elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la mitad de las tierras se encuentra en manos del 2% de los propietarios agrarios, en tanto que los pequeños y medianos productores detentan apenas el 3% del total de las tierras cultivables. En el mismo informe, el INTA señala que entre un 7 y un 10% del territorio argentino es propiedad de extranjeros. Entre ellos se encuentra el magnate Douglas Tompkins, quien adquirió tierras en los Esteros de Iberá, en cuyo subsuelo se encuentra el acuífero Guaraní, una de las reservas de agua más grandes del mundo. El proyecto que enviará el Ejecutivo contempla, como muchos de los que ya tienen estado parlamentario, la protección de los recursos naturales, los parques nacionales y las tierras que pertenecen a los pueblos originarios. Al respecto de ese punto, la diputada del Frente para la Victoria Diana Conti, autora de una de las iniciativas que ya circulan por las comisiones, señaló que “se apunta a poner límites, a que nuestros recursos naturales o zonas de frontera no queden afuera de nuestra soberanía. Desde ya, los derechos de los pueblos originarios se reafirmaron en la reforma constitucional de 1994 y cada gobierno provincial ha ido avanzando con eso en lo que ha podido”. El proyecto de Conti, según aclaró, “está planteado desde el cuidado de los recursos naturales y no aborda la unidad productiva”. Los otros proyectos, el del socialismo y el sector agrario, apuntan más a lo que tiene que ver con la unidad productiva. Esto lo venimos discutiendo en la comisión y no hay incompatibilidad. Seguramente en el proyecto que envíe el Ejecutivo esto va a estar contemplado y el proyecto va ir dentro del marco que señaló la presidenta en cuanto a que no desaliente la inversión, no sea xenófobo y proteja los recursos naturales”. Por su parte, Verónica Benas, diputada por el Socialismo santafesino y autora de otra iniciativa, explicó que “el límite para adquirir tierras es de una unidad productiva por persona física por cada región o provincia”. Además, que “el total de las tierras en manos de extranjeros no podrá superar el 10% del total de las unidades productivas de la provincia o región”. El proyecto del oficialismo, redactado por los técnicos del Ministerio de Agricultura, con el aporte del abogado especialista en Derecho Agrario Aldo Casella y el constitucionalista Eduardo Barcesat, parece contar con el apoyo de distintos sectores políticos. Resta saber si tendrá la fuerza necesaria para esquivar el letargo parlamentario del año electoral. Fuente: El Argentino.com