El Fiscal federal Guillermo Marijuán imputó por el delito de supuesto prevaricato a los Jueces de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, por aplicar el cómputo del 2×1 para el represor Luis Muiña, condenado por crímenes de lesa humanidad.
El abogado Marcelo Parrilli había presentado una denuncia penal contra los jueces de la Corte Suprema que votaron a favor de aplicar el criterio de cálculo de la pena.
La causa la debe resolver el Juez Daniel Rafecas.
El letrado sostuvo que los tres jueces avalaron la aplicación del beneficio en el cómputo de la pena para el caso de un condenado por violaciones a los derechos humanos.
La objeción apunta al concepto que permite aplicar el beneficio para un condenado por un hecho ocurrido antes de la vigencia de la ley, quien -además- ingresó en prisión preventiva con posterioridad a su derogación.
