Investigación contra Julio De Vido involucra a Busti

La Sala II de la Cámara dio esa orden al revocar, por considerarlo "prematuro", el sobreseimiento que el ex juez federal Jorge Urso había dictado a favor de De Vido. El proyecto incluía la adjudicación directa de la construcción del gasoducto del noreste a la empresa Tecpetrol, perteneciente al grupo Techint. El ex Juez Urso, antes de renunciar el año pasado para evitar un juicio político, había sobreseído —es decir considerado que no cometió delito— a De Vido y a los entonces gobernadores Gildo Insfran (Formosa), Roy Nikish (Chaco), Ricardo Colombi (Corrientes), Carlos Rovira (Misiones), Jorge Busti (Entre Ríos), Juan Carlos Romero (Salta) y Carlos Reutemann (Santa Fe) por haber firmado en el 2003 el "Acuerdo Federal para el Lanzamiento del Gasoducto del Noreste". "La cuestión demanda una investigación más profunda", consideraron los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio Cattani. En esta causa se investiga el otorgamiento de este gasoducto, que se une con Bolivia, a Tecpetrol "omitiendo el procedimiento de licitación pública". También la concesión a la misma empresa "del transporte de gas desde la frontera con Bolivia hasta el final de la traza". Sobre este punto, la Cámara resaltó que la ley 24.076 "impone una serie de incompatibilidades entre las actividades de producción, distribución y transporte de gas". El acuerdo también contemplaba la "implementación de un mecanismo tarifario que le permita al grupo inversor obtener un retorno anual en dólares del 12 por ciento sobre la inversión". La investigación se centra también sobre el "otorgamiento de un aporte del Estado para compensar el costo incremental de la traza para abastecer a las provincias del noroeste argentino" que iba a salir de un fondo fiduciario. Urso había considerado que no se había cometido un delito porque a fines del 2004 el proyecto que incluía la adjudicación directa a Tecpetrol se frustró por los cambios políticos en Bolivia. Ante una consulta de Clarín, De Vido afirmó en un comunicado que "no se realizó ninguna adjudicación para la construcción del gasoducto y que todos los esfuerzos buscan dar respuesta a un reclamo de siete provincias que lleva años". Además, informó que Enargas —que no existía en el 2003— llamará a una licitación pública para adjudicar este proyecto gracias a un acuerdo bilateral con Bolivia. Sin embargo, la Cámara Federal consideró que existe un "claro deslinde conceptual entre la 'ejecución del acuerdo' —como cuestión fáctica— y la ejecución —en un sentido dogmático— de un accionar delictivo". La firma misma del acuerdo "puede resultar constitutivo de delito aun cuando las obras concesionadas no hayan sido ejecutadas ni abonadas", advirtió la Cámara. La Sala II de la Cámara Federal —la misma que en 1996 dirigió la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia a los ministros del entonces presidente Carlos Menem— ya había revocado en marzo otro sobreseimiento de Urso a De Vido por la compra directa y supuestamente irregular de 15 locomotoras usadas a una firma japonesa por un valor de 21 millones de pesos. La de ayer es otra señal de la Cámara contra las adjudicaciones directas y el uso poco claro de los fideicomisos, que administran fondos públicos y tienen menos controles que las partidas presupuestarias comunes. Algo parecido pasó con Skanska en el gasoducto del norte, el gasoducto del sur y el patagónico. Fuente: Clarin on line.