Jaime acumula denuncias, ahora por los chicos del Ecos

El multidenunciado secretario de Transporte, Ricardo Jaime, fue acusado penalmente por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por familiares de las víctimas del Colegio Ecos, que en agosto de 2006 fallecieron como consecuencia de un siniestro en la ruta nacional 11. Asimismo, el polémico ex director del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCV), Claudio Uberti -funcionario que autorizó el abordaje del venezolano-estadounidense Antonini Wilson a un avión oficial- recibió la misma denuncia que Jaime, puesto que, según entienden, ambos eran responsables de la seguridad vial. Por el mismo delito, también fueron acusados el por entonces jefe de la Policía de Santa Fe, comisario Jorge Pallavidini, y el subsecretario de Transporte, Jorge González. Todos, señalaron los familiares, incumplieron el ejercicio de control vehicular al que estaban obligados como autoridades del área. La denuncia fue presentada por el abogado Marcelo Parrilli, representante de las familias de los siete estudiantes y la docente fallecidos en la ruta nacional 11, el 8 de agosto de 2006 en la localidad santafesina de Margaritas, y recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Los denunciantes señalaron que el camión Fiat patente ADL671 conducido por Angel Ernesto Soto transitó a lo largo de 400 kilómetros "en permanente zigzgagueo" porque el chofer manejaba "absolutamente alcoholizado" y, remarcaron, "sin embargo ninguna autoridad policial advirtió la situación ni la controló". Finalmente el vehículo de cargas impactó contra el omnibus de la empresa "Godoy" a bordo del cual viajaba el grupo de "Ecos", que venía de realizar tareas solidarias con escuelas rurales en el nordeste del país, y a consecuencia del choque en total murieron doce personas. Entre ellas, los alumnos Benjamín Bravo de la Serna, Daniel Carla D’Agostino, Federico Ecker, Julieta Giataganellis, Nicolás Kohen, Lucas Levín, Julieta Hartman y la profesora Mariana Boye. Para los denunciantes Pallavidini "incumplió las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de control vehicular" y no se encargó del "control sobre aquellos que directamente debían aplicar la normativa vigente en materia de seguridad vial". Mientras que a Jaime -acusado por "malversación de caudales" en su política de subsidios, entre otras denuncias- , González y Uberti los responsabilizaron por no haber dado cumplimiento a funciones específicas de la Secretaría de Transporte, tales como la "supervisar el control y fiscalización de los servicios de transporte que se prestan a través de los diferentes modos vinculados al área de su competencia”. Fuente: DyN.