| Después de quince días de vencido el plazo para informar sobre su situación patrimonial tras abandonar su cargo, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime presentó a comienzos de esta semana su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). Aunque el nuevo informe muestra una diferencia en los montos de sus depósitos entre 2008 ($ 2.379) y 2009 ($ 19.585), el ex funcionario K perdió su última oportunidad para dar cuenta de su fastuoso nivel de vida.
Mientras la Justicia lo investiga por enriquecimiento ilícito y por el uso de aviones privados rentados por empresas del rubro; en la declaración jurada del año anterior, Jaime había informado a la OA que su patrimonio se había reducido a $ 99.039, en relación con los $ 248.700 que atesoraba cuando asumió al frente de la Secretaría de Transporte en 2003.
Al igual que en 2008, esta semana reconoció una moto BMW R1200T modelo 2006 que compró en julio de 2006 y valuó en $ 65.400, un PH en Santa Cruz con un valor fiscal de $ 33.639, y lo único que se modificó fueron sus depósitos, que ascienden a $ 19.585. Sumado a su condición de desocupado, el ex hombre K tiene una deuda con el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia de Santa Cruz por $ 41.034.
Según la ley de ética pública, una vez que un funcionario termina su mandato tiene la obligación de presentar una declaración jurada patrimonial “de baja”. Ante el retraso de Jaime para informar el detalle de sus bienes, el Ministerio de Economía lo instó a que lo hiciera.
Lejos de clarificar la incompatibilidad entre su patrimonio y su modo de vida, en su nueva declaración Jaime reiteró algunas de las sospechas de la Justicia. El juez Norberto Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo están detrás de sus cuentas a partir de una investigación de Crítica de la Argentina. Durante su gestión, Jaime vivió en un semipiso alquilado en Cerrito y Libertador, pasó parte de su tiempo en un departamento de Puerto Madero, donde un dos ambientes con expensas cuesta seis mil pesos por mes, y los fines de semana viajaba en jet privado a Córdoba.
A partir de una investigación preliminar del ex fiscal Manuel Garrido, que arrojó que esos vuelos estaban pagados por empresas de transporte, el juez Claudio Bonadío quedó a cargo del expediente por posible aceptación de dádivas.
Por supuestas irregularidades en su gestión, el ex funcionario tiene abiertas 35 causas en los Tribunales. Entre 2003 y julio de 2009, Jaime se ocupó de manejar la millonaria caja de subsidios a trenes, subtes y colectivos. Sólo en el primer trimestre de 2009 repartió 1.869,70 millones.
Fuente: diario Crítica.
