CAUSA AMIA | El juez federal Ariel Lijo aceptó hoy al Estado Nacional como querellante en la causa por presuntas irregularidades cometidas durante la investigación del atentado a la AMIA, una causa en la que están imputados ex funcionarios menemistas, como el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy.
De ahora en más, el Gobierno podrá ser "parte" y solicitar medidas procesales, como habían solicitado por la mañana el secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia Alejandro Slokar y la abogada Nora Cherñiaski.
La pretensión del Estado de constituirse como querellante había quedado plasmada en un decreto presidencial firmado hace un par de semanas por el presidente Néstor Kirchner y fue hecha pública ayer en conferencia de prensa encabezada por el ministro de Justicia Alberto Iribarne.
Mediante la norma se instruyó a los funcionarios del Ministerio de Justicia para que promuevan acciones penales contra quienes hayan obstaculizado la investigación que, en un principio a cargo del juez federal Claudio Bonadío, tramita ahora Lijo.
En la resolución que dictó hoy, este magistrado entendió que el gobierno puede ser "parte" en el sumario penal porque los tres poderes del Estado tuvieron incumbencia en la pesquisa por el atentado a la mutual judía, perpetrado el 18 de julio de 1994 con 85 muertos y centenares de heridos.
En la causa que ahora tramita Lijo están involucrados, entre otros, el destituído ex juez federal Juan José Galeano, el ex ministro del Interior Carlos Corach, el ex jefe de la Secretaria de Inteligencia del Estado Hugo Anzorreguy y los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia.
Todos están citados a declaración indagatoria todavía sin fecha y uno de los más comprometidos sería Anzorreguy, quien podría ser acusado de "peculado", el uso de fondos del Estado de manera indebida, un delito no excarcelable.
Según el fallo del Tribunal Oral Federal 3 que absolvió a cinco ex acusados de integrar la conexión local del ataque, el ex funcionario usó fondos de la SIDE para pagar 400 mil dólares al entonces acusado Carlos Telleldín a cambio de una declaración, un hecho que fue tildado de "ilegal" por los magistrados.
El juez Bonadío fue apartado de la causa abierta por las irregularidades atribuídas al juzgado de su ex par Galeano en noviembre último, cuando la Cámara Federal consideró que el magistrado carecía de imparcialidad por haber trabajado para Corach en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia durante el menemismo, antes de ser nombrado juez federal.
