La Corte comienza hoy a destrabar la suspensión cautelar de la

La suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de la Cámara Federal de Mendoza obligaría a que hoy la Corte Suprema de Justicia tome una decisión a la que no está acostumbrada: avocarse a debatir una medida cautelar. Así, el máximo tribunal admitiría el recurso de apelación pedido por el Gobierno nacional y giraría el expediente a la procuración pero, en principio, no congelaría la decisión de las instancias inferiores hasta tanto emita un fallo de fondo, que no saldría hasta después de la feria judicial. Por eso, se retrasaría al menos dos meses más la aplicación de la ley aprobada por el Congreso, en octubre del año pasado. El 21 de diciembre, la jueza federal de Mendoza, Olga Pura de Arrabal, hizo lugar a una presentación del diputado Enrique Thomas contra la norma. La magistrada que había fallado a favor del empresario de medios Daniel Vila en una causa contra una repetidora de Canal Siete, tomó como suyos los argumentos del peronista disidente contra el procedimiento con que se aprobó la ley. Luego, a fines de marzo, la cámara federal confirmaba la resolución mediante un escrito firmado por los jueces Otilio Romano y Alfredo López Cuitiño -cuestionados por su actuación en causas de derechos humanos- en el que resaltaron que “aparecen vicios de ilegitimidad” en la sanción de la norma. Al respecto, días atrás el procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, aseguró que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue “correctamente gestionada, sancionada y promulgada, y no vemos ninguna irregularidad”. “No puede ser que jueces de primera instancia dicten medidas cautelares que, en realidad, tratan de ser definitivas”, se quejó el abogado, quien agregó: “Lo que quieren es que sigamos discutiendo dos años y mientras tanto no tenemos ley, y ningún juez nos puede dejar sin una ley”. Aunque el argumento del Gobierno nacional sería compartido por la mayoría de los miembros de la Corte Suprema -que hubieran preferido no tener que ser ellos quienes resuelvan el diferendo-, como dijo Da Rocha, lo que está en juego es el tiempo que se tomarán para decidir. Por otra parte, días atrás, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal confirmó la suspensión del artículo que fija un plazo de un año, desde la reglamentación, para que las empresas se adecuen a la cláusula antimonopólica. Aunque existen otros dos fallos contrarios, en la Casa Rosada esperan la sentencia de la Corte primero como una señal política y, luego, porque permitiría avanzar en la aplicación de los puntos no cuestionados de la ley de medios.