"Con relación a la cuestión planteada respecto de algunos jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal, es preciso señalar que, sin perjuicio de que la conducta de los miembros de los tres poderes del Estado está sometida a controles republicanos, dicho control debe ser efectuado con mesura y equilibrio, utilizando los medios institucionalmente previstos, a fin de respetar la honorabilidad e independencia judicial", señala la información de prensa Número 32 del máximo tribunal del país.
"La Constitución le pone al Ejecutivo un cierre en la boca para que no se pronuncie sobre los fallos judiciales, luego están los mecanismos institucionales para remover a los jueces. Y cualquier ciudadano puede hacer una denuncia en ese sentido", concluye.
