Martes 18 de Junio de 2013, 20:25

La Corte Suprema falló contra la reforma judicial

| En un fallo dividido, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de la elección popular de los cargos para el Consejo de la Magistratura.

En línea con los trascendidos de los últimos días, la Corte Suprema de Justicia resolvió, en un fallo dividido, dictaminar la “inconstitucionalidad” de la reforma judicial, en cuanto a la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura. En un fallo dividido 6 a 1, el máximo tribunal rechazó la iniciativa K en torno a la renovación de los cargos por elección popular. El fallo fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda (voto mayoritario), Enrique Petracchi y Carmen Argibay (voto concurrente) y Raúl Zaffaroni (en disidencia), en la causa “Rizzo, Jorge Gabriel”, que llegara a la Corte a través del per saltum. De acuerdo con lo anunciado por el Centro de Información Judicial, fueron declarados inconstitucionales “los artículos 2º, 4º, 18 y 30 de la ley 26.855, que estableció una nueva regulación del Consejo de la Magistratura de la Nación, y del decreto 577/13, que realiza la convocatoria para la elección de candidatos a consejeros”. El consejero de la Magistratura, el abogado Alejandro Fargosi, coincidió con el fallo de la Corte Suprema al señalar que “la ley promovida por el Gobierno es totalmente inconstitucional” por eso “la Corte decidió lo que debía decidir, respetando la Constitución y actuando con prudencia”. Para el consejero, la sentencia del Máximo Tribunal “se refiere al tema de las elecciones partidistas de consejeros porque es el tema más urgente, pero aún falta mucho. Es necesario seguir con el análisis de la reforma judicial porque hay otros aspectos inconstitucionales en el paquete de leyes cristinistas”. El representante de los abogados porteños en el Consejo de la Magistratura advirtió que “todavía deben invalidarse las limitaciones a las cautelares, las cámaras de casación, las mayorías reducidas para elegir y remover jueces”.