La Corte Suprema rechazó amparo de San Luis por el uso de reser

Con la firma de cinco de sus integrantes, el Tribunal consideró que el Gobierno de San Luis carece de legitimidad para accionar contra el decreto firmado por la presidenta Cristina Kirchner y rechazó el planteo que cuestionaba el DNU 2010/09. De todos modos, la Corte no se expidió sobre el fondo del asunto, sino que rechazó la demanda al entender que el Ejecutivo puntano carece de entidad para cuestionar el DNU. Las fuentes consultadas al máximo nivel del Tribunal señalaron que otros planteos pueden llegar a la Corte contra el DNU que afectó las reservas del Central, como pueden ser los expedientes iniciados por diputados de la oposición. Sin embargo, el Tribunal los rechazará cuando se trate de "medidas cautelares que no son sentencias definitivas", como son los casos que tramitaron ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, precisaron los voceros. En este escenario, los jueces no revisaron el "fondo" del planteo del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, esto es la validez o no del DNU, sino que coincidieron en que el Ejecutivo de San Luis no es legítimo para accionar en su contra. "Que en cuanto a los invocados intereses de los habitantes de la Provincia que la actora dice defender, debe señalarse que ello no autoriza la intervención de las autoridades provinciales (...) pues no resultan legitimadas activas de acuerdo al texto constitucional que sólo menciona al afectado, al Defensor del Pueblo, y a las asociaciones que propenden a los fines indicados en la norma", suscribió la Corte. Además, recordó que "la necesidad de que la parte litigue en defensa de un interés propio y directo, el que no aparece cuando la intervención provincial no tiende al resguardo de sus intereses sino al de terceros". Por otra parte, el Tribunal rechazó uno de los argumentos invocados por San Luis al iniciar la demanda, en cuanto a que las provincias "delegaron" en la Nación el uso de la moneda. "No pueden ser atendidos (los argumentos, ndr) desde que San Luis ha delegado en el Gobierno Central el ejercicio de dichas facultades, y en ese marco no puede reconocérsele la potestad de ejercer un control pormenorizado del ejercicio de aquellas por parte de la Nación, sin un interés directo claramente demostrado", añadió. Una fuente del Tribunal explicó que los jueces coincidieron que "no existe un perjuicio actual y directo" a San Luis -tal cual invocaron en la presentación- sino que es de carácter "general". Para resolver sobre la legitimidad, el Tribunal tuvo en cuenta un precedente de la misma Corte, en el cual había desestimado un planteo de Río Negro contra la Nación por el corralito, al considerar que la provincia no tenía legitimidad para reclamar. Fuentes del Tribunal aseguraron a NA que el argumento que tuvieron en cuenta los jueces fue que las provincias sí ejercen su representación mediante sus diputados y senadores en el Congreso, y "son ellos quienes deberían abordar dicho tema". Así, los jueces coincidieron con la no judicialización de la política, manifestó una fuente. Ahora, crece la expectativa sobre otros cuestionamientos que puedan llegar a la Corte contra el DNU 2010/09, como lo pueden ser las causas promovidas por el diputado del PRO Federico Pinedo y el Senador de la UCR Gerardo Morales. Sin embargo, "la jurisprudencia de la Corte es que los diputados no tienen legitimidad para accionar", recordó un vocero. Además, la fuente explicó que si el planteo llegara al Tribunal luego de que se expida el Congreso, se estaría exigiendo que el DNU fuese revisado en dos ocasiones: esto es primero el Parlamento y luego la Corte.