| Aunque el país, superada la crisis del 2002, produce más que hace una década, el bienestar de las familias más pobres no ha mejorado. Esto se explica por la profundización de un patrón de distribución del ingreso muy regresivo. Si bien se trata de un problema de vigencia casi universal, incluso entre países desarrollados, en la Argentina hay un conjunto de políticas desacertadas que contribuyen a agravar la situación.
La Argentina se ha caracterizado, especialmente en los últimos años, por la alta volatilidad. Una fase de crecimiento abortó en 1998 con el inicio de una profunda recesión que se extendió hasta el 2002 y que fue superada, a partir del 2003, con una acelerada recuperación. El punto más llamativo es que bajo regímenes económicos e ideológicos tan diferentes como los prevalecientes en los últimos años, la distribución del ingreso sigue mostrando un patrón muy regresivo. Más allá de los cambios en las políticas económicas y de que el tema de la equidad siempre esta presente en los discursos, hay evidencias concretas de que los pobres sufren con mucha intensidad las crisis y comparten migajas de las reactivaciones.
Los recientes datos del INDEC permiten ilustrar este preocupante fenómeno:
· En el primer trimestre del 2006, el ingreso per capita del 10% más rico de la población es 36 veces más grande que el 10% más pobre de la población.
· En 1996, el ingreso per capita del 10% más rico también era 36 veces mayor que la del 10% más pobre.
· Esto a pesar de que en el primer trimestre de 2006, el Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina -en pesos constantes- es un 26% superior al de 1996.
Los motivos son muchos y complejos, tal como lo demuestra el hecho de que la tendencia a la polarización en la distribución del ingreso es casi universal. Hasta en Japón, un país con una alta estima y tradición por la igualdad social, hay evidencias en este sentido (The Economist, June 17ht). La principal explicación que han encontrado numerosos estudios es que el ritmo y orientación del cambio tecnológico impone una gran demanda de formación de la fuerza laboral. Esto indica que quienes mejor preparados están para enfrentar la globalización -que no es una política, sino un dato de la realidad contemporánea- son los países que se ocupan de que todos sus trabajadores tengan una buena formación.
De todas formas, gran parte del problema se explica por malas políticas internas, especialmente las referidas a las instituciones sociales. Por ejemplo, en Argentina el 73% de los asalariados trabaja en empresas con menos de 40 trabajadores de los cuales el 61% lo hace “en negro” con un salario promedio de $557. Según el INDEC, desde el 2001 hasta la actualidad el salario de los trabajadores no registrados se recuperó en aproximadamente un 41%, cuando la inflación en el mismo período fue del 82% y los salarios de los trabajadores registrados crecieron un 75% con un nivel promedio de $1.694. Se tratan de evidencias muy emparentadas con la regresiva distribución del ingreso y que justifican eliminar los factores burocráticos, impositivos y regulatorios que conspiran contra el desarrollo de las pequeñas empresas.
En igual sentido opera la forma en que se administra el gasto público. El último dato oficial disponible -referido al año 2004- señala que, en términos reales, el gasto público social es un 14% inferior al que había en 1996. Además hay indicios de que, de la mano de una creciente centralización, su administración es cada vez más ineficiente y desfocalizada. Desde el punto de vista de la distribución del ingreso, el gasto público social es una herramienta de importancia estratégica. Según un reciente estudio del Banco Mundial (“Reducción de la Pobreza y Crecimiento”), en Suecia la distribución del ingreso sin considerar la intervención del Estado es cercana a los patrones muy regresivos prevalecientes en Latinoamérica. Sin embargo, cuando se toma en cuenta la intervención estatal, el país aparece entre los más igualitarios del mundo. El coeficiente de Gini (medición de desigualdad) de Suecia, sin intervención del Estado, es de aproximadamente 0,45; mientras que luego de la intervención disminuye a cerca de 0,30. El de Argentina, luego de la intervención del Estado, es de 0,49.
Una sociedad integrada requiere de un Estado comprometido con ese objetivo. El compromiso es más exigente en lo cualitativo que en lo cuantitativo. Por ejemplo, el Estado asumiendo actividades empresariales, ya sea como administrador directo o promotor a través de subsidios y desgravaciones, generalmente termina generando grandes transferencias de ingresos a favor de los ricos y limita las posibilidades de expandir el gasto público social a favor de los pobres. Adicionalmente, la tendencia a centralizar la gestión del gasto social contribuye a derrochar recursos en burocracia y en inversiones no prioritarias disminuyendo sus impactos desde el punto de vista distributivo.
Fuente: IDESA.
