LA FAA PRESENTÓ UN PLAN GANADERO ALTERNATIVO

La entidad entregó esta semana su propuesta que incluye también el otorgamiento de líneas de financiación a través del Banco Nación y la creación de una base de datos del stock ganadero y una planificación hasta el 2020. La FAA sostuvo que el gobierno "puede impulsar decisiones que mejoren la política de la producción pecuaria", pero reclama que una ley Nacional "debe dar el marco a una Política de Estado permanente para el mediano y largo plazo". La ministra de Economía, Felisa Miceli, ya adelantó que "en quince días nos vamos a reunir con los sectores de la cadena de comercialización de la carne para consensuar las propuestas" y precisó que algunas entidades ya elevaron sus iniciativas. Según trascendió, la Sociedad Rural aún no terminó de definir la suya y las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) no entregaría la suya hasta que el gobierno amplíe el cupo de exportaciones de carne. Miceli recibió también hoy al gobernador de La Pampa, Carlos Verna, con quien dialogó acerca de la posición que mantienen los productores de esa provincia y su gobierno sobre las medidas que debería contener el plan. La propuesta de la FAA propone medidas de corto, mediano y largo plazo para el crecimiento ganadero y pide que el estado admita que la situación por la que atraviesa el sector "es crítica en el presente y comprometida para el futuro". Al referirse al stock, la FAA pide que "a la mayor brevedad" el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) cuente con la informatización de la cantidad de animales para conformar una Base de Datos Pecuaria única para contar con un control en tiempo real, controlar movimientos y poder implementar estrategias epidemiológicas. Por este sistema, sostiene la FAA se podría implementar un seguimiento para el control del abigeato y certificaciones sanitarias que garanticen la calidad e inocuidad del producto final". Sobre la fase de liquidación, la propuesta de FAA sostiene que si el sector ganadero ve que hay señales claras para el sector y no se modifica de acuerdo a los avatares políticos, los períodos de liquidación no existirían. La entidad ruralista sostienen la documentación presentada a Miceli que el actual doble standard impositivo y sanitario genera una competencia desleal para quien está dentro del sistema y propone que "considerando las características propias de cada región un solo standard sanitario programado en el tiempo y con etapas y metas a cumplir bien definidas". Frente a la iniciativa de la Secretaría de Ganadería que propone que para el 2010 se eleve la tasa de extracción y la tasa de destete, la FAA propone que "se trace una estrategia de aumento de esos parámetros hasta por lo menos el año 2020 con metas específicas para alcanzar". Entre las propuestas la FAA se pronunció porque el Estado intervenga en la fijación de precios "a efectos de garantizar un escenario favorable para la expansión de la producción ganadera". Propone también celebrar convenios con el Banco Nación, o en su defecto cualquier otra institución financiera nacional o internacional, a fin de lograr apoyo crediticio para la actividad". La FAA también señala en el plan la necesidad de provocar una "reconversión especialmente en aquellos lugares donde las actividades tradicionales no son rentables". La entidad impulsa la creación de canales de comercialización, propender a la modernización y unificación del estandar sanitario para toda la cadena atendiendo la situación diferencial de las distintas zonas del País. La FAA propicia que la ONCCA sea la encargada de controlar y auditar la aplicación del ganado electrónico para otorgar transparencia al comercio de carnes, conferir trazabilidad a los productos hasta la góndola e impedir la evasión impositiva. Sostiene que el SENASA sea el responsable de auditar, controlar y fiscalizar que el guardaganado electrónico cumpla con el objetivo de certificar la sanidad y calidad de las carnes, los datos de diferenciación de producto como marca, alimentación, orgánica, raza, edad, etc. El plan ruralista propicia también la creación de un fondo fiduciario por 1.000 millones de pesos anuales durante quince años denominado Fondo para la Recuperación de la Actividad Bovina (FRABO). Ese fondo debería integrarse con recursos de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro Nacional que no podrán ser menor al total de lo recaudado en concepto de derechos de exportación del sector pecuario. Quiere que ese fondo se constituye en forma permanente para solventar los desembolsos derivados de la aplicación de este régimen para la recuperación de la ganadería bovina, no pudiendo ser apropiados por el Tesoro Nacional. Propone que los fondos se distribuyan de acuerdo al siguiente criterio: hasta un 3 por ciento del FRABO para compensar gastos administrativos; un 10 por ciento para acciones de capacitación, y garantizar que como mínimo el 70 ciento del fondo se destine para planes de trabajo o proyectos de inversión, y destinar hasta un 27 por como fondo anti-cíclico para precio mínimo sostén".