La Justicia afirma que a Febres lo mataron para que no hablara

Según la resolución de la jueza Sandra Arroyo Salgado, a Héctor Antonio Febres lo envenenaron para impedir que hiciera pública cierta información sobre su rol personal y el de la Armada durante la última dictadura militar, informa un matutino en su edición impresa. La magistrado que investiga el crimen no sabe aún quién le dio la dosis letal de cianuro mientras estaba preso, pero considera probado que hubo dos prefectos que facilitaron la tarea del asesino como parte de un plan para que Febres nunca revelara sus secretos. Sandra Arroyo Salgado procesó a esos dos prefectos como partícipes necesarios del homicidio: generaron "una zona liberada". Sobre la esposa de Febres, Stella Maris Guevara, y a sus hijos, Sonia Marcela y Héctor Ariel, la magistrado cree que encubrieron el asesinato, en especial porque manipularon una computadora en la que Febres habría guardado datos sobre la represión ilegal. El matutino cita que en una resolución, el posible móvil del hecho se resume así: "Silenciar al que intente revelar datos o información de los hechos vinculados a las violaciones a los derechos humanos durante el último gobierno de facto". Febres, quien estaba detenido y estaba siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA , murió cuatro días antes de que el tribunal emitiera la sentencia y antes de que pronunciara sus últimas palabras. Siempre según el artículo, para Arroyo, Febres evidenciaba "una clara voluntad y decisión" de hablar por sentirse él un chivo expiatorio, según los diálogos que había mantenido con familiares y con un sacerdote amigo. Su última visita antes de aparecer muerto -abrazado a la almohada, con el cuerpo de costado- fue uno los prefectos que hoy están procesados: Angel Volpi, del que se había hecho muy compinche. Tanto este oficial como el suboficial Rubén Iglesias continuarán detenidos, a diferencia de la esposa y los hijos del represor. Sin embargo, la jueza sostiene que los dos prefectos fueron "apenas una pieza necesaria" en el crimen. Desde febrero, la investigación se encaminará hacia otros funcionarios navales en actividad; como Carlos Fernández, el titular de la Prefectura que perdió el cargo por este episodio.