La Justicia cerró la causa por el avión con armas de EEU

Si bien la causa judicial cede, el conflicto diplomático entre la Casa Rosada y Washington derivado del hecho quedó abierto a partir de fuertes sospechas expresadas por la Aduana respecto al material incautado y que es insistentemente reclamado por Estados Unidos. Concretamente, el Juez explicó que los elementos que traían los marines de los Estados Unidos no estaban ocultos -tal cual informó Aduana- sino que fueron encontrados junto con gran parte del material que sí había sido declarado ante las autoridades de nuestro país, indica la resolución. En el informe remitido al Juez, la Aduana ratificó que el avión de Estados Unidos incurrió en una "contravención a las normas aduaneras", por lo que advirtió que es atribución de un juez administrativo del organismo el "juzgamiento correspondiente" y la aplicación de sanciones, entre ellas "multa, comiso y destrucción". "La Aduana ratificó que se trata de una contravención a las normas aduaneras y por lo tanto es un hecho cuyo juzgamiento corresponde al juez administrativo que podría aplicar la sanción de multa, comiso y destrucción", indicó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en un comunicado. Según se informó, el documento precisó que entre las mercaderías secuestradas "se destacan, armas, equipos para comunicación, medicamentos y psicotrópicos, muchos de ellos vencidos". Respecto a las armas, la Aduana advirtió que "se trata de armas automáticas que pueden tirar a repetición una importante cantidad de proyectiles", que "fueron utilizadas por EE.UU. en la guerra del Golfo y Afganistán" y que "su uso, en ese país, se encuentra vedado para particulares", por lo que "su ingreso irregular podría haber ocasionado que quedaran en el país en el mercado ilegal de armas". En el caso de los medicamentos y psicotrópicos, la Aduana indicó que cabría a la "determinar cual sería su uso, dado que además del cuidado con que deben suministrarse, la mayoría contienen contraindicaciones graves, resultando extremadamente peligrosos para la salud pública y la vida de las personas". El organismo expresó, además, que es objeto de investigación en el marco del sumario que se sustancia, "cuál sería el uso potencial de los equipos de comunicación en nuestro país". Aguinsky dio a conocer su decisión luego de tomar declaración a varios funcionarios de Aduana, de la PSA, y del RENAR, entre otros, quienes coincidieron en que algunas de las armas y los medicamentos no declarados no estaban escondidos sino ubicados junto al cargamento autorizado para ingresar al país. "Según lo indicaron (los testigos) toda la mercadería que se verificó, tanto la que se encontraba declarada cuanto la que se determinó a posteriori que no lo estaba, venía acondicionada toda junta, siendo necesario únicamente la apertura de los respectivos contenedores para acceder a la inspección de lo que se encontraba dentro de ellos", indicó el Juez. En su resolución, Aguinsky explicó que, en cambio, una situación de contrabando se produce "por cualquier acto u omisión, se impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero". En cuanto al destino de las armas, medicamentos y otros objetos que aún siguen incautados y no fueron devueltas a los Estados Unidos, el juez resolvió que fuese la Aduana que determine qué hacer. Por ello, dispuso que la autoridad administrativa tenga "bajo su responsabilidad la disposición de las medidas de prueba sobre la mercadería secuestrada que, hasta el día de la fecha, se encuentra debidamente precintada y custodiada a disposición de este Tribunal", a pesar del pedido del gobierno de Estados Unidos para sea devuelta. Fuente: Ámbito Financiero.