| A tres semanas de que Héctor Febres apareciera muerto, la Justicia presentó su primera hipótesis sobre el crimen: alguien, no se sabe quién, lo mató. Entró en la celda cerca de la medianoche y le dio cianuro en un vaso de agua.
Su custodio y el jefe del destacamento colaboraron; ayudaron al asesino y pretendieron borrar los rastros. Lo mismo que la familia de la víctima, infieren los investigadores judiciales. La mujer y los hijos de Febres supieron desde el primer momento que había sido un homicidio. Lo callaron. No se sabe por qué.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado dictó ayer la resolución más importante del expediente en la que detalla esas conclusiones, enumera pruebas y procesa a los cinco acusados del caso.
Homicidio es el delito que les imputó a los prefectos Ángel Volpi y Rubén Iglesias. “Triplemente agravado por haber sido cometido mediante envenenamiento, con el concurso premeditado de dos o más personas y con el objeto de ocultar otro delito”. Los otros tres procesados son Stella Maris Guevara de Febres y sus hijos, Sonia y Ariel. Encubrimiento agravado, es la acusación que enfrentan.
Las pruebas del expediente dan cuenta de una relación muy cercana, “de contención”, entre Febres y sus custodios. Sobre todo con Volpi, apodado El Gordo, con quien solía jugar a la pelota y hasta emborracharse, según el relato de un testigo.
