La Justicia declaró nulo el indulto a Martínez de Hoz

El ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz volverá a ser investigado por su presunta participación en crímenes cometidos durante la última dictadura militar: el juez federal Norberto Oyarbide declaró ayer la nulidad del decreto de indulto que había beneficiado al ex funcionario y reabrió una causa sobre el secuestro extorsivo de dos empresarios ocurrido en 1976. La resolución de Oyarbide alcanza también al ex ministro del Interior Albano Harguindeguy, acusado de los mismos hechos y beneficiado por otro de los decretos de indulto dictados por el presidente Carlos Menem entre 1989 y 1990. Para los próximos días, en tanto, se prevé que el juez defina la situación del ex dictador Jorge Rafael Videla, también implicado e indultado más tarde. Martínez de Hoz y Harguindeguy seguirán en libertad, pero podrían ser encarcelados en el futuro si al retomar la pesquisa el magistrado dispusiera sus procesamientos, informó un funcionario que interviene en la investigación. A diferencia del ex ministro del Interior, que está procesado en el expediente sobre el Plan Cóndor, Martínez de Hoz no estaba siendo juzgado en ninguna otra causa. La resolución de Oyarbide, que anuló los decretos 1002/89 y 2745/90, es la cuarta por la que un juez declara la inconstitucionalidad de los decretos de indulto dictados por Menem. Otras dos resoluciones anteriores, emitidas en las causas del I Cuerpo de Ejército y de ESMA, fueron confirmadas por la Cámara Federal y van camino a la Corte Suprema. El fallo de Oyarbide responde a un planteo de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que intervienen como querellantes en la causa, y cuenta con dictámenes favorables del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y del fiscal Federico Delgado. La nulidad de los indultos también había sido reclamada por el Gobierno, que intervino como querellante en la causa por medio de la Secretaría de Derechos Humanos. El propio presidente Néstor Kirchner había pedido públicamente, en la última conmemoración del golpe de Estado de 1976, que la Justicia fallara contra esas normas. En su resolución, el magistrado argumentó que los delitos investigados son de lesa humanidad y que, por lo tanto, los imputados no pueden ser amnistiados ni indultados. Un argumento similar había expuesto en su dictamen el fiscal Garrido. "Son inadmisibles las leyes o disposiciones internas -incluyendo leyes de amnistía y plazos de prescripción- o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos", dijo Garrido al citar un antecedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro de los ejes argumentales de Oyarbide fue la imposibilidad de perdonar las violaciones del artículo 29 de la Constitución en la que habrían incurrido las autoridades de la última dictadura al arrogarse la suma del poder público. Martínez de Hoz, Harguindeguy y Videla están acusados de haber dispuesto la detención de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, de la textil Sadeco, para forzarlos a cerrar un negocio de exportación con Hong Kong. La inquietud de las autoridades se había originado en una gira oficial de Martínez de Hoz por Medio Oriente. La delegación argentina en Hong Kong le hizo saber al ministro que había un gran malestar en ciertos sectores económicos por la frustración de una compraventa de algodón con la empresa Sadeco. Hong Kong era la puerta de entrada de una de las plazas de algodón más importantes del mundo. Los empresarios estuvieron detenidos entre el 5 de noviembre de 1976 y el 6 de abril de 1977, en cumplimiento de un decreto firmado por Videla y por Harguindeguy. Pasaron por el Departamento Central de Policía y por la cárcel de Caseros. Durante esos cinco meses, los Gutheim fueron trasladados en cuatro oportunidades a reuniones con los representantes de las empresas de Hong Kong a fin de que llegaran a un acuerdo. En todas participó un representante del Ministerio de Economía. En 1988, el primer juez de la causa, el hoy camarista Martín Irurzun, procesó a los tres ex funcionarios y dispuso su prisión preventiva. Ese mismo año, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Harguindeguy y Videla por secuestro extorsivo reiterado, pero luego revocó el de Martínez de Hoz. En esa resolución, los camaristas Juan Cotelezzi, Gustavo Mitchel y Horacio Cattani sostuvieron que la detención de los Gutheim había sido claramente ilegal y que había tenido como único objetivo extorsionar a los empresarios para que llegaran a un acuerdo con sus pares de Hong Kong. Se aclaró allí que la situación de Martínez de Hoz era diferente: para los camaristas, no había ninguna prueba directa que vinculara al ex ministro de Economía con los secuestros. Luego, llegaron los indultos de Menem. A esa resolución de cámara se aferrarán sus abogados defensores. "Es claro que Martínez de Hoz no se «salvó» por el indulto presidencial. Fue la Cámara Federal la que lo desvinculó de los hechos", dijo a La Nación José Martínez de Hoz, hijo del ex ministro y uno de sus abogados. La próxima palabra la tendrá Oyarbide. Fuente: diario La Nación.