| El Juzgado Federal Nº 4 de Mar del Plata hizo lugar al reclamo de una empresa agropecuaria de Balcarce contra el Gobierno por la aplicación de los derechos de exportación aplicados sobre las alícuotas de soja y girasol.
Por primera vez desde que se desató el conflicto entre el Gobierno y el campo, que hoy cumple 78 días, la Justicia declaró "inaplicable" el aumento de las retenciones móviles, lo que disparó la protesta ruralista.
El Juzgado Federal Nº 4 de Mar del Plata, a cargo del doctor Alfredo López, hizo lugar al reclamo de una empresa agropecuaria de Balcarce contra el Gobierno por la aplicación de los derechos de exportación aplicados sobre las alícuotas de soja y girasol. Uno vez notificado el Gobierno, tendrá cinco días para apelar la resolución.
"A partir del discurso que dio la presidenta (Cristina Kirchner) el 26 de marzo, surgió la idea hacer un planteo de inconstitucional de la medida. Esta sentencia es un antecedente importante porque es el primer juez que dicta una resolución sobre el fondo de la cuestión", dijo Alfredo Ianni, abogado de la empresa.
Según informó el letrado, la sentencia, que se dictó ayer, lo tomó por sorpresa: "Creía que el juez dictaría una medida cautelar, pero no la inaplicabilidad de la resolución 125".
El magistrado consideró, que la Resolución 125/08 del Poder Ejecutivo Nacional "afecta gravemente derechos y garantías de rango constitucional, en particular los artículos 14, 14 bis, 16, 17, 28, 31 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional", informó el diario La Capital, de Mar del Plata.
Asimismo, destacó que "mediante dicha normativa se concretó un desmedido incremento en los derechos de exportación para las alícuotas de soja y girasol, cuyos niveles se trasladaron al 44,1% y 39,1% respectivamente, habiéndose además implementado un sistema de retenciones móviles que durante cuatro años se ajustará a los precios que indique el mercado de comodities".
Con estos argumentos, el juez, en este caso particular, precisó que la medida es "inaplicable" por la forma en que se instrumentó, ya que "sólo tuvo en mira un objetivo fiscalista y no fue creada como instrumento de política económica habida cuenta de que tampoco han contemplado las diferentes situaciones particulares de los productores".
Y siguió: "Esto fue así, a tal punto que el Gobierno, a través de la normativa posterior (Resolución 284/08 del Ministerio de Economía) y mediante el sistema de reintegros, ha intentado completar la resolución 125 por resultar insuficiente".
Fuente: La Nación on Line.
