La Justicia ordenó al Estado urgentes medidas de mejora para la seguridad y confortabilidad para los usuarios del servicio de trenes del Ferrocarril San Martín, que une Retiro con Pilar.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12, Guillermo Rossi, resolvió así en el marco de una acción de amparo presentada por el ombudsman nacional, Eduardo Mondino.
El juez emplazó al Estado para que en cinco días "se pongan en ejecución las normas de seguridad" y en diez se inicien los trabajos sobre accesibilidad para discapacitados y servicios alternativos de transporte para cuando se cancelen servicios, entre otras medidas.
En junio de 2004, el Gobierno decidió quitarle la concesión del ex ferrocarril San Martín a la empresa Metropolitano. Inicialmente, la intención oficial también era realizar un nuevo llamado a licitación, pero el ramal hoy sigue en manos estatales.
