La Oficina Anticorrupción pidió ser querellante en la causa Ciccone

La oficina argumenta que puede ser querellante en causas donde "se involucran a funcionarios públicos nacionales en la posible comisión de delitos de acción pública" ya que en la ley 25.233 de su creación, le atribuye la facultad de "promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada, y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación". Asimismo, le corresponde al ámbito del Ministerio de Justicia intervenir como parte querellante en los procesos en los que se encuentre afectado el patrimonio del Estado nacional. Como querellante, la Oficina Anticorrupción podría proponer medidas de prueba, recurrir y apelar las decisiones que le sean desfavorables, interrogar testigos, participar y acusar en juicio; y además, obligar al Tribunal a notificarle toda decisión trascendente a la causa. La Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, sostuvo que le resultó llamativo "que no hubiera siquiera una investigación preliminar sobre las vinculaciones del ex vicepresidente Boudou en el caso Ciccone, a pesar de lo avanzada que está la instrucción judicial y el procesamiento del ex funcionario. Dada la relevancia política e institucional del caso y que la causa podría elevarse a juicio oral pronto, decidimos solicitar la incorporación de la Oficina Anticorrupción como querellante para participar de esa instancia y colaborar con la Justicia en la búsqueda de la verdad". Además, la Oficina Anticorrupción investigará si existieron otros casos en los cuales la sociedad informal Boudou-Núñez Carmona podría haber cometido otros actos de corrupción y anticipamos también nuestra participación en la causa del enriquecimiento ilícito del primero", consignó Infobae. Según surge del procesamiento, Boudou y José María Núñez Carmona habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica a través de la sociedad The Old Fund y de su titular Alejandro Vanderbroele, para contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial. En este caso, Boudou habría aprovechado su condición de funcionario público para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública. En junio de 2014 Boudou fue procesado por "delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles" y su procesamiento confirmado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.