La oposición impulsa un mayor control sobre blanqueo de capital

La UCR y la Coalición Cívica anunciaron ayer la presentación de una serie de acciones destinadas a incrementar los controles sobre los capitales que se blanqueen gracias a la ley sancionada por el Congreso con ese fin. El frente opositor presentará un proyecto de ley para “evitar que se consoliden situaciones de irregularidad” con la ley de blanqueo de capitales, que acaba de entrar en vigencia, y que buscará poner la lupa sobre los funcionarios públicos. El anuncio fue realizado por el titular de la UCR, Gerardo Morales, y los diputados de la CC Adrián Pérez y Patricia Bullrich, quienes señalaron que con esta norma existe riesgo de que la Argentina se convierta en un “paraíso fiscal”. El proyecto busca modificar la ley de Ética Pública, el Código Penal y el Código Civil a fin de establecer “una inhabilitación especial para los actos de adquisición o venta de bienes de funcionarios públicos” y “desalentar el uso de testaferros con el objetivo de esconder el origen de fondos dudosos”. Para ello, la iniciativa propondrá fortalecer las intimaciones a los funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes y pondrá a los escribanos públicos al frente del control de los actos de compra-venta. En tal caso, estos movimientos reconocidos ante el escribano deberán ser presentados en los registros previstos por la ley para declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos y asimismo incluidos en las declaraciones juradas “en un plazo de 90 días”. En este proyecto de ley los funcionarios públicos y sus familiares “son inhábiles para el ejercicio de actos de adquisición y disposición de bienes, durante el período que ejerzan su función, prorrogados por dos años más allá de la extinción o renuncia del mandato”. Esto al menos que demuestren que el objeto de contrato tenga relación directa con el patrimonio denunciado, con bienes heredados o donados, o “con los emolumentos devengados en el ejercicio de sus funciones”. “De esta forma se busca invertir la prueba: que cada uno que compre o venda un bien demuestre el origen de su patrimonio”, explicó Bullrich. La diputada rechazó ante una consulta de Noticias Argentinas que el GAFI, el máximo organismo internacional contra el lavado de dinero, haya dado el visto bueno a la ley promovida por el Gobierno para repatriar fondos depositados por sus ciudadanos en el exterior. Además, ambas fuerzas anunciaron que presentarán ante organismos de la administración pública como la AFIP y el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia un pedido para que “se respete el artículo 20 de la Ley de Lavado y que sean denunciadas por sospechosas todas las operaciones que en nombre del blanqueo sean ingresadas sin indicar el origen de los fondos”. “Vamos a hacer respetar la ley. Buscamos de esta forma cerrar el círculo para que no vengan a blanquear dinero los amigos del Gobierno. Los mecanismos para el lavado de dinero de corrupción y narcotráfico están abiertos y esto es lo que queremos frenar”, sostuvo Morales.