La tecnología de las pasteras no logra eliminar los tóxi

"Existe un nuevo compromiso de las plantas de celulosa de no utilizar cloros, que es la parte más contaminante del proceso de producción de pasta de celulosa y que tiene lugar durante el blanqueo de la materia prima", explicó a Télam el biólogo Alberto Espinach Ros, integrante de la delegación argentina que viajó a La Haya por el conflicto de las papeleras con Uruguay. El biólogo, que preside el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero a cargo de Aguas Continentales (ríos), destacó que "la tecnología fue mejorando, muchas veces motorizada por la sociedad", aunque "hasta el momento no se ha logrado evitar en estos procesos el riesgo de contaminación". Si bien no es específicamente el área técnica por la que fue convocado a integrar el equipo argentino en La Haya, Espinach Ros conoce cada uno de los procesos que utilizan las pasteras y los efectos que tienen sobre el medioambiente. Las plantas de celulosa siempre se ubican en lugares cercanos a espejos de agua o cursos fluviales por la necesidad de tomar agua y también de desecharla. Los procedimientos que se utilizan para el procesamiento de pasta de celulosa son tres y van de mayor a menor grado de contaminación. El primero de ellos es "con cloro elemental", que ya no se utiliza por ser el más contaminante al producir altos niveles de dioxina y furano, grandes contaminantes. Le sigue el ECF (Elemental Clorine Free), que significa Libre de Cloro, que tiene el mismo efecto blanqueador sobre la materia prima (es amarilla en su forma original, como el papel ecológico) pero que mejora el proceso en cuanto a la contaminación que produce. El tercero es Totalmente Libre de Cloro ya que utiliza para blanquer el oxígeno en vez del cloro. Este procedimiento es mucho más costoso y es también el menos utilizado. En todos los procesos menos en el último se utiliza el cloro para el blanqueo que consiste en separar la digrina de celulosa que es lo que da el color amarillento al papel (papel ecológico). Para graficar la toxicidad del dióxido de cloro, que es la sustancia que se utiliza en estas industrias, Espinach Ros precisó que "es tan tóxico que se produce en el lugar para no transportarlo" y "no se almacena sino que se produce lo que se necesita". La empresa Botnia se comprometió mediante una declaración jurada ante el gobierno uruguayo a que utilizaría el procedimiento Libre de Cloro. La declaración, que llevó la firma del presidente de la empresa, apareció justo para las audiencias en La Haya, ya que antes nunca se había mencionado la existencia de este documento. De todos modos, en el texto que lleva la rúbrica del directivo de Botnia no hay ninguna precisión de cómo será el procedimiento que utilizarían en Fray Bentos, frente a la entrerriana Gualeguaychú, sino sólo este compromiso escrito. Pero el problema de contaminación no está tanto en el procedimiento en sí como en la puesta en marcha, que puede llevar un año y medio, y en los accidentes, más comunmente llamados "salidas del régimen normal", algo más frecuente de lo que podría creerse. Para Espinach Ros "el proceso con tecnología ECF funciona bien cuando es óptimo, pero no siempre es así porque a veces se producen accidentes, que son salidas del régimen normal que ocurren con bastante frecuencia". En estos casos, tal como le ocurrió a la misma Botnia en Finlandia en 1993, un líquido negro se desparrama por las aguas produciendo la muerte instantánea de la fauna del lugar. Pero la contaminación no sólo es a través del agua sino también del aire, que sale de las usinas de las pasteras en forma de partículas que luego se depositan en la tierra, las plantas y las aguas y que pasan al organismo de los seres humanos provocando un daño acumulativo que se potencia con los años. Por este riesgo y ante la falta de respuesta del gobierno uruguayo en reiterados pedidos de informes es que Argentina acudió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para pedir una medida cautelar que obligue a las pastera Botnia y Ence a suspender la construcción de sus plantas en Fray Bentos, sobre el Río Uruguay, por 90 días. El objetivo de este pedido es facilitar la realización de un estudio "imparcial" de impacto ambiental sobre el río fronterizo y su zona de influencia. El gobierno argentino basó su pedido a la Corte en la violación por parte del vecino país del Tratado del Río Uruguay, que ofrece esta instancia de solución para las casos que no puedan resolverse a través del diálogo entre ambos países. La Corte escuchó los argumentos de Argentina y de Uruguay el 8 y 9 de junio en el marco de las audiencias de alegatos y réplicas de ambos equipos. El máximo órgano judicial de las Naciones Unidas deberá pronunciarse con un fallo que puede ser favorable o contrario al pedido argentino, pero que en todo caso será superador de este conflicto, ya que será de cumplimiento obligatorio de las partes. Se estima que esta sentencia llegaría a fines de julio, antes del receso de verano en Europa, en tanto que el pronunciamiento de fondo sobre la violación o no del Tratado tardará unos cinco años. Fuente: Télam.