| Las administradoras de jubilaciones buscarían rebajar las comisiones, abrir el traspaso al sistema estatal sin límites y mejorar las inversiones. El Gobierno podría denunciarlas por no haber cumplido con su deber legal de custodiar los fondos de los afiliados.
El presidente de la Unión de AFJP, Sebastián Palla, enviará hoy al Ejecutivo una carta con una propuesta alternativa para mejorar el sistema de jubilación mixta, de capitalización y reparto.
También propondrá la libre opción permanente para los trabajadores, eliminar las comisiones sobre los aportes en los meses en que los fondos acumulados no registren rentabilidad y rediscutir el destino de esos aportes, y la composición de los activos de las AFJP.
"Hoy las AFJP tienen el 10% de inversiones de sus afiliados en el exterior y un 55% en títulos de deuda pública argentina", declaró Palla al diario La Nación.
"Rediscutamos esta composición de las carteras. Lo más sano es tener una composición de activos y de riesgo más diversificada", agregó.
Palla mencionó que son "lineamientos" para discutir "con tiempo y responsabilidad" una reforma integral. "Todo esto se impulsó antes, en distintos momentos y ámbitos. Ninguno es una gran novedad. Lo que hacemos ahora es agruparlos mientras se discute con una celeridad que nos preocupa", agregó.
El mensaje escrito, que avalan todas las AFJP afiliadas a la Unión, será enviado hoy al Gobierno, a la Superintendencia de AFJP, a la Anses, a los legisladores y a las asociaciones empresarias y la iniciativa buscaría cambiar el rumbo del debate parlamentario de la estatización del sistema.
Desde que existe la capitalización, en 1994, el fondo creció un 14% por año. Recibió aportes nominales por $ 61.000 millones en total y, deducidas las comisiones y los gastos en seguros (unos $ 20.000 millones), el neto se invirtió.
Hasta junio de 2007 el fondo creció a $ 98.000 millones. "Lo importante es que la gente pueda elegir. El sistema de capitalización es sólido, transparente y perfectible", aseguró Palla. Los lineamientos son:
Mantener el sistema de jubilación de capitalización y reparto.
Fijar la libertad de opción permanente para todos los aportantes (ahora es cada cinco años y por plazos de nueve meses). Si el aportante cambia de sistema, por dos años no podrá modificar su situación. Sólo migarían los flujos, no el fondo. Y el futuro jubilado cobraría un haber según los aportes en ambos sistemas.
Fijar un beneficio universal para todos los aportantes. El PBU actualmente lo perciben sólo los que aportan más de 30 años. Ese beneficio se distribuiría con un concepto proporcional: entre 0 y 5 años de aportes; entre 6 y 20 años; entre 20 y 30 años, y más de 30 años. Cada estamento percibiría un beneficio por discutir.
Crear un segundo fondo de capitalización, con inversiones más conservadoras, de menor rendimiento y de corto plazo (con menor volatilidad o riesgo financiero).
El actual fondo capitalizaría los aportes de los trabajadores de hasta 55 años. Y el fondo "B" recibiría los aportes y los ahorros de los afiliados de hasta 65 años, para que los aportantes más cercanos a la jubilación tengan menor riesgo.
También planteó volver a discutir la composición de las inversiones. "Hay que bajar el límite para inversión en titulos públicos, que hoy es de 50, pero llegó a 80. Y hay que hacer más inversiones en la economía real", añadió Palla.
Las comisiones se cobran sólo si hay rentabilidad en el fondo el mes anterior del aporte. Si no, no se cobran, dijo Palla. Los aportes son del 11% del sueldo. Las comisiones representan un punto y el 10% va a capitalización.
Se discutiría el destino de los aportes. Del 11% de aportes, 1% financiaría el costo del seguro mutual de las AFJP, para invalidez o muerte, y este seguro de cada afiliado pasaría a manejarlo el Estado.
Los aportes voluntarios tendrían nuevos incentivos fiscales, como facilidades para acceder a créditos hipotecarios y excenciones impositivas, para fomentar el ahorro voluntario.
“Los activos embargados no son del Estado nacional sino de las AFJP. Son ellas las que estaban a cargo de esos intereses y las que deben defender esos activos”, destacó el tiular de la Superintendencia de AFJP, Sergio Chodos,el jueves pasado después de mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Sergio Massa.
El Gobierno señaló en ese momento que cualquier reclamo legal de afiliados a las AFJP debería ser orientado a las empresas que se llevaron la plata del país.
Desde la ANSES, su titular Amado Boudou, propuso denunciar a las AFJP, como una “solución técnica” para recuperar los fondos, según informó el diario Página/12.
Los técnicos de la Superintendencia del sector fueron los encargados de darle forma a la presentación y hoy terminarán de ajustar los últimos detalles. La idea sería llevarla a Tribunales entre este lunes y martes.
El argumento de la denuncia reacae en el incumplimiento de las administradoras con el deber fiduciario de custodiar los fondos de los afiliados, establecido en la ley 24.241 de creación del sistema de capitalización.
Y la custodia de los fondos es una responsabilidad de tipo penal, por lo cual quien no la cumple -además de tener que responder patrimonialmente- le corresponde la cárcel como castigo.
El jueves pasado se realizó el bloqueo de los fondos, cuando el juez Thomas Griesa, desde Nueva York, accedió a congelar como mínimo durante una semana las inversiones de al menos cinco AFJP en Estados Unidos por 553 millones de dólares.
El juez neoyorquino hizo lugar a una acción de amparo que promovió el estudio Simpson Thacher & Bartlett, en su condición de representante de acreedores de la Argentina que rechazaron el canje de deuda de 2005.
Ese estudio argumentó en nombre de los fondos Aurelis y Blue Angel que la estatización de los recursos previsionales los hacía pasibles de ser embargados. Antes eran intocables por ser privados.
Los abogados que defienden al Estado argentino en Nueva York por acciones de los holdouts no lograron convencer a Griesa, quien fijó una nueva audiencia el próximo jueves para decidir si prolonga o no el congelamiento preventivo.
El viernes, posterior al congelamiento de fondos, el juez Griesa hizo lugar a la presentación de una decena de fondos buitres que reclaman contra la Argentina por la deuda en default y amplió el bloqueo de recursos invertidos. El segundo pedido admitido por el magistrado involucra activos por unos dos mil millones de dólares.
Entre los fondos buitre que acudieron a Griesa hay dos de relevancia: EM y NML, cuyos propietarios son Eliot y el magnate Kenneth Dart, dos activos promotores de demandas contra la Argentina por los títulos impagos, inversores que adquirieron la mayor parte de los bonos en 2002, cuando el país se encontraba en default.
El negocio de estos fondos buitre es presionar y litigar ante los tribunales fuera de la Argentina con el objetivo de conseguir el embargo de bienes hasta conseguir la compensación total de esos títulos, adquiridos en su momento a muy bajo precio.
Las presentaciones ante Griesa fueron recurrentes en los últimos años. En algunos casos pidieron el embargo de activos de Aerolíneas Argentinas, de los bancos Central y Nación, e incluso del FMI, cuando la Argentina canceló su deuda con ese organismo.
En septiembre, el juez neoyorquino dictó un embargo preventivo por 72 millones de dólares del Banco Nación, en el marco de un expediente aún en trámite.
Fuente: NA.
