Legisladores del litoral se pronunciaron a favor de El Gran Capit&aacu

Los legisladores que conforman el Crecenea Litoral, integrado por las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos, resolvieron por unanimidad solicitar al Poder Ejecutivo nacional la suspensión definitiva del llamado a licitación para la explotación del servicio ferroviario de pasajeros entre Buenos Aires y Posadas, correspondiente a la línea del ex ferrocarril General Urquiza. Los legisladores aprobaron el proyecto presentado por el diputado provincial de Entre Ríos, Osvaldo Fernández y emitieron una resolución que fue enviada al presidente Néstor Kirchner y que lleva las firmas del titular del Foro de Legisladores del Crecenea, Néstor Oscar Arrieta y del secretario Ejecutivo de ese cuerpo, Luis Argentino Soria. En los considerandos de la resolución, los legisladores sostienen que “el servicio de tren de pasajeros, denominado El Gran Capitán, recorre el trayecto que va desde las estaciones Federico Lacroze en Capital Federal, hasta Posadas, Misiones y en su recorrido atraviesa numerosos pueblos y localidades de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones”. Destaca el documento que “desde la década del ‘90, por decisión del entonces gobierno nacional, se levantaron varias líneas de ferrocarril, entregándose el material rodante a las provincias que quisieran hacerse cargo”. Y apunta que la desaparición del tren provocó la agonía de muchos pueblos, la migración de miles de compatriotas, la pérdida de una gran cantidad de puestos de trabajo y la quiebra de numerosas economías regionales”. En otro tramo de la resolución se puntualiza que “con el material rodante dado por la Nación las provincias de Río Negro, Buenos Aires y Chaco implementaron servicios ferroviarios provinciales. En base a un convenio firmado con la Nación el 29 de marzo de 1995, Corrientes impulsó la reactivación del ex ferrocarril Urquiza”. Y alega el documento que esa concesión fue entregada a la empresa Trenes Especiales Argentinos (TEA) y que “la empresa TEA puso en funcionamiento el material rodante y tractivo que le fue entregado, a su exclusivo riesgo total empresario”. Apunta además, que “la empresa no recibe subsidios que sí perciben otros concesionarios ferroviarios, ni tampoco se le otorga el gasoil diferencial, que tienen otros empresarios del transporte”. Afirma por otra parte la resolución que “el restablecimiento del servicio permitió que muchos argentinos pudieran viajar nuevamente ante la tarifa social del pasaje. Asimismo, muchos pueblos y localidades comenzaron a renacer con la llegada del tren, se crearon nuevos puestos de trabajo y se recuperó el patrimonio nacional”. Aclara que “El Gran Capitán circula por vías que se encuentran en manos de la empresa de origen brasileño ALL, la que opera el servicio de cargas. Por esos motivos muchas veces el tren de pasajeros se demora y no puede circular a la velocidad que le permiten sus locomotoras”. Acota el documento de los legisladores que “sorpresivamente, por resolución del Ministerio de Planificación nacional, se aprueba el pliego de bases y condiciones del llamado a licitación pública para la concesión y explotación de este servicio. De esta forma, el gobierno nacional avasalla el poder federativo de las provincias, pretendiendo concesionar un ramal ya otorgado”. Afirma en otro orden, que más allá de la presentación judicial realizada por TEA para evitar esta situación, la Cámara de Senadores de Corrientes avaló en una resolución la concesión de la provincia a la empresa. Sostiene que “debe considerarse que este ramal es el único de larga distancia que funciona a la fecha y el más largo de Sudamérica, posee tarifas sociales y colabora permanentemente con los gobiernos provinciales y las instituciones de bien público”. Alerta por otra parte que “detrás del llamado a licitación se escondan intereses que busquen la caída del servicio ferroviario para evitar la competencia con otros medios de transporte”. Finalmente, afirma la resolución que “no se trata de defender los intereses de ninguna empresa en particular, sino de los cientos de miles de argentinos que gracias a la vuelta del tren recuperaron los sueños y esperanzas y la posibilidad cierta de reconstruir pueblos y economías regionales que habían comenzado a desaparecer con el levantamiento del ferrocarril”. En función de estos fundamentos, los legisladores resolvieron solicitar al gobierno nacional la suspensión de la licitación y manifestaron su “enérgico rechazo al avasallamiento del poder federativo a la provincia de Corrientes”. Fuente: diario La Republica de Corrientes.