Ley de Tierras tiene dictamen

El proyecto de ley que busca limitar la tenencia y adquisición de tierras por parte de extranjeros recibió dictamen en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y quedó habilitado para ser debatido mañana en sesión especial. La iniciativa recibió el apoyo del bloque del Frente para la Victoria, del peronismo puntano (Compromiso Federal) y de Unión Peronista, la bancada que conduce el Diputado Felipe Solá. La norma, debatida esta tarde en un plenario de las comisiones de Legislación General, que conduce Luis Cigogna; Asuntos Constitucionales, a cargo de Diana Conti; y de Agricultura, presidida por Luis Basterra, fue uno de los pedidos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le hizo al Congreso Nacional en su discurso al reasumir la jefatura de Estado, el sábado último. Si bien el dictamen de mayoría tuvo como base la propuesta que el Poder Ejecutivo remitió meses atrás a la Cámara baja, se incluyeron en el texto modificaciones planteadas por la mayoría de los bloques y se redujo, por ejemplo, del 20 al 15 por ciento el porcentaje del territorio nacional permitido para que esté bajo posesión extranjera. Además, según el texto -que no prevé retroactividad y por ende no vulnera derechos adquiridos- de ese 15 por ciento total no podrá haber más del 30 por ciento en manos de "personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad". La iniciativa establece que las tierras en poder de extranjeros "no podrán superar las mil hectáreas o superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales". La UCR, el PRO, el Frente Peronista y la Coalición Cívica (CC) presentaron dictámenes en minoría, en desacuerdo con algunos artículos del proyecto mayoritario, al igual que el diputado del Frente para la Victoria Jorge Yoma, quien objetó puntos del texto. El interbloque del Frente Amplio Progresista, por su parte, no firmó ningún proyecto y, según confirmó el jefe político del espacio, Hermes Binner, esa fuerza "apoyará en general en el recinto" la iniciativa de mayoría y cuestionará en particular varios de sus artículos. El proyecto, en su artículo 11, advierte que se "atenderán los tratados bilaterales de inversión suscriptos por Argentina", vigentes a la entrada en vigor de la ley y que "no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales por tratarse de un recurso natural no renovable". La ley fija excepciones para aquellos extranjeros "unidos en matrimonio con ciudadanos argentinos" o que "tengan más de 10 años de residencia permanente y probada" y fija estrictas prohibiciones para la venta de superficies que "contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes". También prohíbe la venta de "inmuebles ubicados en zonas de seguridad de fronteras", a excepción de lo dispuesto en la ley de Defensa Nacional (23.554) y crea como autoridad de aplicación al Registro Nacional de Tierras Rurales, en el ámbito del Ministerio de Justicia y de la cartera de Agricultura. El proyecto impulsado por el radicalismo considera que "las unidades económicas productivas deberían ser fijadas por las provincias". Además pide la intervención de las Legislaturas provinciales en la materia y cuestiona la creación de un registro único nacional, en vez de que cada distrito haga su propio diseño zonal. Yoma a su turno propuso en su dictamen de minoría que la autoridad de aplicación sea el Ministerio del Interior por su vínculo con las provincias y juzgó que el plazo para el relevamiento catastral debería ser de por lo menos dos años. La Diputada del Frente Peronista Graciela Camaño postuló incluir penalidades en el texto del oficialismo y Claudio Lozano (FAP) sugirió "suspender la venta a extranjeros hasta tener un relevamiento" de todo el territorio nacional.