Los obispos lanzarán fuerte defensa del derecho a la tierra
| La Iglesia lanzará esta semana una fuerte defensa del derecho a la tierra de los pueblos aborígenes y los pequeños productores, ante el proceso de concentración y extranjerización que observan en el país, y reclamará por una política que garantice una justa distribución, se informó ayer.
El reclamo está contenido en "Una tierra para todos", un libro que la Conferencia Episcopal Argentina presentará el lunes en su sede de Suipacha 1034, elaborado en conjunto por las comisiones de Pastoral Aborigen, Pastoral Social, Cáritas y la Universidad Católica Argentina (UCA).
"La falta de una política estatal fundada en una equilibrada distribución de las tierra rurales, en el marco del predominio de una concepción utilitaria de la propiedad como un bien de mercado y como bien social, fue generando en el país un fuerte proceso de concentración de las tierras productivas", diagnostica el estudio en su segundo capítulo.
Esta concentración se debió a "la venta de derechos de posesión de pequeños productores empobrecidos a grandes corporaciones de capitales, nacionales y extranjeras".
Al referirse a la cuestión de la extranjerización, el trabajo dice que "representa un proceso de pérdida de soberanía y de recursos naturales, así como de concentración de la tierra en capitales extranjeros" y señala que "no hay impedimento legal" para la compra de grandes extensiones de tierra por parte de corporaciones extranjeras.
Luego, denuncia que "resultan cada vez más excluidas las mayorías y especialmente los aborígenes, de manera tal que en nuestro país el hambre y la malnutrición representan algunos de los problemas principales debido a medidas políticas que limitan el acceso de las familias a la tierra y a los recursos que hay en ella".
Según el relevamiento que realizaron los organismos de la Iglesia, de un total de 900 comunidades indígenas en todo el país, dos tercios no cuentan con los títulos de propiedad de sus tierras, y mencionan como "preocupante" la situación de los grupos de Salta y Neuquén.
Ante esta situación, las comunidades indígenas "son susceptibles de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para los emprendimientos empresariales" y señalan que en otros casos "estas presiones toman la forma del olvido y abandono por parte del Estado".
