MEDIA SANCIÓN AL PROYECTO DE LEY DEL DONANTE PRESUNTO
| Diputados dio anoche media sanción al proyecto que consagra la figura del donante presunto en la nueva legislación sobre trasplante de órganos. La novedad es que ahora la ablación podrá efectuarse a toda persona mayor de 18 años que no haya dejado constancia en vida de su oposición a la extracción de sus órganos o tejidos.
El Gobierno impulsa esta ley con el argumento de que es imperativo dar una solución a las casi 6.000 personas que esperan actualmente un trasplante.
Un cuarto de ellas son niños. Y para disminuir a la mitad esa cifra se debe aumentar tres veces la cantidad de donantes.
Anoche en Diputados, fueron 133 votos a favor, 46 en contra y 4 abstenciones. El tema pasó ahora al Senado.
La gravitación futura de esta norma generó un debate equivalente a la ley madre que modificaba, o sea la 24.193 de trasplante de órganos y material anatómico humano, votada en 1993.
De ahora en más, en el caso de los menores fallecidos, deberá mediar autorización de sus padres o representante legal y en última instancia por el pariente consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive, mayor de 18 años que haya estado presente en el lugar del deceso.
En el Registro Civil, todo funcionario estará obligado a requerir de las personas mayores que concurran para realizar cualquier trámite a que expresen si son o no donantes, lo cual será asentado en el documento de identidad y se comunicará al Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).
En el caso de muerte natural, de no haber constancia en vida del fallecido, deberán dar cuenta de esa voluntad el cónyuge no divorciado o la persona que convivía, los hijos mayores, padres, hermanos mayores, nietos, abuelos, parientes o representantes legales, según este orden.
De modo que ayer se desarrolló —y culminó— la puja central de esta discusión iniciada el miércoles anterior con la fundamentación a favor del titular de la Comisión de Salud Pública de la Cámara, Oscar González (PJ).
Las posiciones en el debate podrían resumirse así:
Para quienes están de acuerdo, la necesidad de satisfacer las necesidades de quienes esperan un órgano en las listas del Incucai justifica que el Estado obligue a quien no quiera donar sus órganos lo haga constar, incluso en un registro especial. El resto —siempre mayores de 18 años— se transforma así en donante de hecho en caso de muerte. Puede mediar un pronunciamiento expreso de la familia si el fallecido les hubiera comunicado su deseo de no donar.
Para los que se oponen —en casi todos los casos aclararon que eran donantes— la clave de la discrepancia es por el carácter imperativo, que algunos calificaron de "violencia moral", como es extraer los órganos a quien no ha manifestado en vida esa voluntad. También pusieron reparos en cómo funcionará el sistema en áreas no urbanas, más proclives a la carencia de información. Otra de las críticas fue porque las autoridades del Incucai, creado en 1977, serán en todos los casos designadas por el PEN.
Médicos como el radical Aldo Neri y los justicialistas Silvia Martínez y Antonio Lovaglio Saravia —este con varias salvedades— se manifestaron por el sí. Abogados como el macrista Jorge Vanossi, los justicialistas María Chaya y Jorge Casanovas, los radicales Aída Maldonado y Pascual Capelleri, así como el porteño Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad), felicitado en su banca tras su discurso por Federico Pinedo, Guillermo Cantini y el propio Vanossi, lo hicieron por la negativa.
