Mondino denunció en ONU hacinamiento de cárceles argenti

El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, afirmó ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en las cárceles argentinas existe una sobrepoblación del 14,5% y que el 67% de los presos está procesado sin condena firme. En su exposición realizada en Ginebra, Suiza, Mondino reveló, además, que el 37 % de los internos no tenía trabajo al momento de su detención y que esta estructura penitenciaria "convierte a los internos en ciudadanos de segunda clase". El funcionario basó sus datos en un relevamiento efectuado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Observatorio Internacional de Prisiones durante 2005 y parte de 2006 en unidades penales de Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Salta, Río Negro y la cárcel de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en su informe anual sobre derechos humanos presentado ayer, afirma que en las cárceles pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal hay una disminución de la población de internos de un 3,7 por ciento respecto a lo relevado por el informe del año pasado. El CELS asegura que en las 31 unidades del SPF hay alojados 9.495 presos y que esos penales, en conjunto, tienen una capacidad para 9.655 internos, por lo que hay una ocupación del 98,4 %. No obstante, destaca que en algunos penales como el de mujeres de Ezeiza o el de Devoto, la población carcelaria sobrepasa la capacidad de la unidad y que en otros penales "está al límite". Mondino tomó el conjunto de las cárceles argentinas -no sólo las federales- y estableció que la cantidad de presos es de 63.000, lo que sobrepasa en un 14,5 por ciento la capacidad de alojamiento en las unidades penales. El ombudsman caracterizó al hacinamiento en los penales como "fuente de violencia e inseguridad" y aseguró que "no existen políticas de integración a través de la educación, la enseñanza de oficios que capitalicen el mero encierro". "Vivimos un verdadero contrasentido jurídico", destacó Mondino, ya que "por acción u omisión, no se cumple con el principio de sostener la inocencia hasta que se demuestre lo contrario", al hacer referencia a la cantidad de presos sin condena firme. En este sentido, el informe del CELS, concuerda con el de Mondino, al afirmar que en la Argentina "la prisión preventiva es una anticipo de la pena" y destacó que en las cárceles que pertenecen al SPF "el 55,8 % de los reclusos no tiene sentencia firme". Mondino afirmó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que solicitó al gobierno argentino un "diagnóstico del sistema penitenciario en su conjunto y la proyección de una política nacional estratégica, integral, cuya ejecución sea descentralizada". Reclamó además un plan de acción para "establecer las condiciones de seguridad, salubridad, higiene y educación de los internos en resguardo de sus derechos humanos" al tiempo que pidió la separación en las cárceles de las personas con condena firme de las que tienen prisión preventiva. El informe del CELS fue más crítico con el Servicio Penitenciario Bonaerense al asegurar que el año pasado "sólo se habilitaron 2.760 plazas sobre un total de 5.680 que se habían anunciado en enero del 2006". "La construcción de nuevas unidades sufre un retraso significativo ya que en septiembre del 2005 debió haberse finalizado con las últimas unidades previstas", recalcó el CELS.