Murió Alfonsín

El ex presidente Raúl Alfonsín falleció en su domicilio de la avenida Santa Fe, de la Capital Federal. Así lo confirmó su médico, personal Alberto Sandler a la prensa. Raúl Alfonsín fue sin duda el político más destacado en 25 años de una democracia que aún está en pañales, lejos de terminar de confirmar su estado de madurez. El líder radical fue protagonista central, el que puso la piedra basal de la recuperación de la democracia tras haber padecido, los argentinos, la etapa de la dictadura militar a la que nunca dudamos en calificar y considerar como “la noche más larga y trágica de nuestra historia”. Con Alfonsín el país despertó de la pesadilla en la que estuvimos inmersos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, fecha en la que asumió la presidencia tras haber ganado los comicios del 30 de octubre de aquel año en que quienes votamos por primera vez corrimos a las urnas para hacer posible que aflorara la primavera democrática del ’83. Las secuelas de aquella dictadura fueron 30 mil desaparecidos y 500 bebés que fueron quitados a sus padres para cederlos en adopciones ilegales a secuestradores y amigos de represores. Las Abuelas de Plaza de Mayo lograron recuperar la identidad de 97 nietos, cuyo caso más reciente fue el de Bárbara Ricchutti, de 32 años, hermana de Juliana Pérez Requia, secretaria privada de Estela de Carlotto. El caso fue dado a conocer a los medios el 13 de febrero último. Le cupo al ex mandatario por el radicalismo la difícil tarea de hacerse cargo de un país económicamente derrumbado, con sus arcas vacías y una deuda externa que en 1976 era de 5500 millones de dólares y trepó en 1983 a 43.000 millones de dólares; además, el país arrastraba como saldo, que entre 1975 y 1983 la participación de los trabajadores en el PBI había descendido del 50 al 30 por ciento; la brecha entre pobres y ricos aumentó de 1 a 12 hasta 1 a 25; y, en este período, se exacerbaron las violaciones de los derechos de propiedad de las grandes mayorías, que se habían vuelto masivas a partir del “rodrigazo” de 1975. Desde esta perspectiva, resulta por demás obvia la conclusión de que las políticas del “Proceso” fueron una continuación de las implantadas bajo el gobierno democrático anterior. Cuando Raúl Alfonsín asume la presidencia aquel 10 de diciembre, al durísimo panorama económico que implicaba la deuda externa superior a los citados 43.000 millones de dólares había que anclarlo en un país que había sido arrasado y atravesado por la ambición, el odio y la violencia elevada a la máxima expresión cuando la población quedó presa del terrorismo de Estado. Cuando el año pasado se efectuó en todos los medios una profusa revisión de los 25 años de Democracia que se cumplieron el 30 de octubre cuando con Raúl Alfonsín se recuperó la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes por la vía de las urnas se pudo concluir en que con el ex mandatario radical se cometió el grave error de haberlo juzgado débil e incapaz de llegar a fondo con sus políticas de derechos humanos y con el juzgamiento de la totalidad de los militares que cometieron delitos de lesa humanidad y genocidio. El error fue que no se haya querido comprender que de Alfonsín hacia atrás en la historia argentina los procesos democráticos no duraban más de tres años más allá de que existió la etapa que transcurrió entre Arturo Frondizi (1958/1963) y Arturo Illia (1963-1966) que bien podría soslayarse por haber estado salpicada de proscripciones y acechada por la sombra de la presión de los cuarteles que minaron cualquier pretensión de búsqueda de aires de libertad e igualdad hasta el ’83. Pero nunca podrá borrarse de la memoria colectiva esa sensación de mandatario honesto y eficaz que siempre se tuvo de Illia. Pero retomando el tema que proponemos, no hay dudas de que los argentinos somos incorregibles. Concebimos las derrotas y las victorias políticas bajo el concepto de lo lúdico. A partir de la entrega anticipada de la presidencia de Alfonsín a Carlos Saúl Menem, aquel 9 de julio de 1989, todos comenzamos a opinar como lo hacemos cuando se produce un fracaso deportivo. Si hasta el voto de Julio Cobos en la madrugada del 17 de julio del año pasado contra la resolución 125 de retenciones al campo fue festejada en el Monumento a los Españoles como un triunfo de la final de un mundial de fútbol, con escarapelas y entonación del Himno y todo. Entonces, en tiempos de aquel traspaso del mando presidencial Alfonsín era mala palabra, sinónimo de fracaso, y para que se habilitara esa letal descalificación del ex mandatario contribuyeron 13 paros generales asestados por Saúl Ubaldini; los partidos de izquierda, la mayoría de las entidades de derechos humanos y una clase media que siempre flota como un corcho o las aguas vivas a la deriva para subirse a cualquier oleada que tranquilice sus bolsillos e ingresos: Es que nunca le perdonaron al ex mandatario haber impulsado las leyes del perdón (Punto Final y Obediencia Debida). Las entidades de derechos humanos, sin proponérselo, con sus presiones contra las decisiones del gobierno al respecto, contribuyeron -y mucho- a fogonear el clima de caos de fines del ‘88 y comienzos del ’89 que aceleraron la caída del gobierno. Fueron funcionales, también, a las presiones de los fogoneros de las políticas neoliberales que sacudían los mercados desde los Estados Unidos de Ronald Reagan y a lo que sucedería con las distintas estrategias desestabilizadoras. Porque hubo en la parte final de la gestión de Raúl Alfonsín un golpe de Estado económico que provocó una furibunda hiperinflación y que fue generado fronteras adentro de la Argentina por los factores de poder que tuvieron anclaje en un peronismo que en rol de opositor es factor desestabilizador por antonomasia; en aquella impresionante rechifla de la Exposición Rural del ’88 en tiempos en los que se aplicaron retenciones al campo (cualquier parecido con la realidad actual ¿será pura coincidencia?); y en la presión de los medios (Clarín, por ejemplo) a los que el ex jefe de Estado no les cedió leyes monopólicas que el gobierno menemista iba a ceder más adelante por la vía del secretario de medios Raúl Burzaco. Así, se habilitó la modificación del artículo 45 que permitió a los dueños de diarios adquirir medios audiovisuales. Fue en 1993 y la moneda de cambio fue la reelección de Menem en 1995. Los dueños del diario Clarín pedían más con esa modificación que les permitió transformarse en un multimedio: También lograron la transnacionalización de los medios, que constituía y constituye una situación grave porque las dos cosas no están permitidas en ningún lugar del mundo. Las tapas de ese diario a fines del ‘88 y principios del ’89 eran una “virtual” incitación al saqueo, faltaba que escribieran que con la hiperinflación “a la gente no le queda otra alternativa que saquear almacenes y supermercados”. Raúl Alfonsín eligió asumir el 10 de diciembre de 1983 porque ese día -pero de 1948-, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. En campaña recitó el Preámbulo de la Constitución Nacional cuyos objetivos salientes fueron emitidos en distintos spots publicitarios para remarcar “el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. La elección de la fecha de asunción y el recitado del Preámbulo fueron la señal de lo que haría -Alfonsín- como Presidente: Impulsar una profunda revisión de todo lo actuado por los militares durante el Proceso de Reorganización Nacional. Para ello, a sólo cinco días de asumir la primera magistratura decidió crear la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) cuyo titular, el escritor Ernesto Sábato, luego de 280 días de sacrificada labor junto a las personalidades notables que la integraron, entregó -el jueves 20 de Septiembre de 1984- lo que está considerado como el monumento jurídico de las 50 mil páginas más importantes de la historia de los Derechos Humanos. Y terminó por consagrar el “Nunca Más”. Pero antes de anunciar la creación de la CONADEP el flamante gobierno democrático del ’83 tuvo que derogar la ley 22.924 "de Pacificación Nacional" o "de Autoamnistía" que habían sancionado los militares y que tenía como objetivo evitar que se juzgara y castigara su accionar durante los años que las juntas gobernaron el país. Esa norma otorgaba inmunidad a todos los miembros de las Fuerzas Armadas por crímenes cometidos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982. Al mismo tiempo, un decreto (N° 2726/83) establecía la destrucción de los documentos referidos a la represión militar. Además, se sancionó la Ley de Reforma del Código Militar, que hasta ese momento establecía que los delitos cometidos por el personal militar entre 1976 y 1983 debían ser juzgados por la justicia militar; y que tenía como objetivo que las Fuerzas Armadas condenaran a sus propios miembros y se incorporaran, de esta forma, al proceso democrático. Por este motivo, como los militares se enjuiciaban por sus propias leyes, nunca se llegaba a sentencia o se los declaraban inocentes; y como los militares no tenían apelación fuera del contexto militar, tenían inmunidad absoluta. E inmediatamente, Raúl Alfonsín firmó los Decretos 158/83 y 159/83 por los que se ordenó el arresto y la investigación judicial de los miembros de las tres primeras Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983 (entre ellos, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri), y de los líderes de los grupos armados que actuaron en la década del 70. Cuando el gobierno de la primavera democrática resolvió juzgar a los integrantes de las juntas militares, los oficiales de la amplia cadena de mandos que se habían desempeñado en los tiempos de la dictadura permanecían al mando de distintas unidades distribuidas en todo el país. Es decir que estaban en ejercicio pleno de sus funciones. Por ello Alfonsín recibió tantas presiones que desembocaron, entre tantas consecuencias que dinamitaron su gestión “por haber tenido la osadía de enjuiciar a las juntas” (…), en la rebelión de los “carapintadas” de Semana Santa de 1987. Con toda la valoración que debe otorgársele a la actual gestión Kirchner en materia de derechos humanos (Leer: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia: “Nunca Más”, nota escrita el 24 de marzo último) , no se puede soslayar que, a diferencia de los años ’80, hoy los militares que son convocados a los distintos banquillos de acusados en el marco de los Juicios por la Verdad que se sustancian en todo el territorio nacional tienen un promedio de 80 años, están alejados del poder y hasta se los suele ver en hospitales. Pero para hacer posible aquel juzgamiento que comenzó el 22 de abril de 1985, a los oficiales que acompañaron las gestiones de Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri había que ir a buscarlos a los cuarteles. Fue un juicio único en el mundo. No existieron antecedentes. Hay quienes lo compararon con el de Nüremberg, pero el juicio a las juntas fue más justo porque en Nüremberg los jueces eran de las potencias que habían ganado la guerra. Además, en la región sudamericana los líderes democráticos, para que se habilitaran caminos a las urnas, virtualmente debieron cogobernar con los cuarteles o sellar un pacto de no agresión. Si al dictador chileno Augusto Pinochet el juez español Baltasar Garzón lo pudo detener por acción de Scotland Yard en Londres en 1998 para promover un intento finalmente fallido de juzgarlo acusado de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas. Durante su dictadura en Chile, entre 1973 y 1990, fueron asesinadas 3.000 personas y 28.000 fueron torturadas pero falleció a los 91 años edad en el Hospital Militar de Santiago de Chile en diciembre de 2006 sin haber sido juzgado. Y tal vez la sentencia más ajustada a la realidad la remarcó el ex fiscal a cargo del Juicio contra la Junta Militar, Julio César Strassera al asegurar que “sin ese juicio, no hubiera sido posible la democracia en el país”; que “fue una decisión política única en el mundo y en la historia del país", y que “fue una decisión política única y moral, es lo que aseguró que la democracia haya quedado para siempre; porque desde los años `30 nos prestaban el gobierno por un tiempo, ahora, gracias a ese juicio, la democracia llegó para quedarse". Es que aún resuenan en los oídos del ex presidente Alfonsín y de Strassera aquel torpe pedido de perdón que efectuó Néstor Kirchner “de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades" cuando siendo Presidente el hoy titular del PJ formalizó la creación del Museo de la Memoria en la ex sede de la ESMA, el 24 de marzo del 2004. Torpe e innecesario agravio de un mandatario que en tiempos de una valiosa búsqueda de la reconciliación pero solo por medio de la justicia, la memoria y la verdad, sufrió, paradójicamente, fallas en su memoria. El desmemoriado Néstor Kirchner tenía, tal vez, el deber de haber considerado que las únicas que tendrían derecho a cuestionar la labor del ex presidente radical son las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que desde aquella primera ronda de 1977 alrededor de la Pirámide que encabezó Azucena Villaflor fueron construyendo las bases para la memoria que quedó definitivamente instaurada con el “Nunca Más” fruto de sus testimonios recopilados por la CONADEP del ’83 y ’84. Además, el ex presidente santacruceño debió reparar en que también carga con la pesada herencia que significó para el Partido Justicialista el indulto (Decreto 1002/89) que firmó Carlos Saúl Menem el 7 de octubre de 1989 y que benefició a 220 militares y 70 civiles. Raúl Alfonsín descansaba para las fiestas de fin de año en 2007 en su casa natal de Chascomús en una cama de una plaza. El 27 de diciembre, acostumbrado a dormir en una cama mucho más grande en su departamento de la porteña avenida Santa Fe se dio vuelta y cayó al piso de espaldas y de forma abrupta. Como producto de la caída comenzó a sentir un dolor que se fue agudizando con el correr de los días. Las secuelas de ese golpe originaron un chequeo médico que de forma imprevista permitió descubrir un tumor que obligó a su traslado a los Estados Unidos a comienzos del año pasado. La salud del ex presidente se fue agravando día a día. Pero resiste por su fortaleza gallega y hasta cada tanto sale al ruedo político con pronunciamientos como el de la semana pasada cuando, a través de sus voceros, hizo conocer su desacuerdo con el proyecto de adelantamiento de los comicios. La última actividad a la que con singular esfuerzo pudo asistir fue el homenaje que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le efectuó en nombre de todos los argentinos en el Salón de los Bustos cuando se cumplieron 25 años del triunfo de 1983. En ese Salón se inauguró su busto al lado de los de la totalidad de mandatarios que presidieron los destinos del país en toda su historia. Fue cuando el caudillo radical afirmó que “de todos los honores y privilegios que me dio la vida jamás hubiera imaginado acceder a presenciar un monumento de mi persona”. No alcanzó, ese valioso gesto de la mandataria para borrar aquella torpeza y omisión con aquella agresión verbal que le profirió su esposo aquel 24 de marzo del 2004. Fuente: Pedro Romero (Agencia Nova).[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sRIpiTTJ5XY[/youtube]