| La Cámara Federal de San Martín dispuso la liberación de Luis Patti al considerar que goza de inmunidad parlamentaria y el ex subcomisario ratificó que buscará
asumir la banca por la que fue electo diputado nacional en 2005, pese a la resistencia del cuerpo legislativo.
Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la Sala I de la Cámara hizo lugar a la apelación de la excarcelación formulada por el abogado de Patti, Silvio Duarte, luego de que fuera rechazada por el juez federal de San Martín Alberto Suárez Araujo.
De esta manera, Patti se disponía a abandonar el penal bonaerense de Marcos Paz y reclamará su banca en el Congreso, luego de que la Corte Suprema lo habilitara a tal efecto pese a la impugnación planteada por la Cámara Baja.
El argumento en que se basó la Justicia es el reconocimiento de los fueros que Patti tiene como diputado nacional, aunque no se le haya permitido jurar como tal hace casi dos años.
"La Corte dispuso que debe asumir su banca y la Constitución en el artículo 69 es clara al señalar que ningún legislador puede ser detenido desde que es electo hasta que cesa en sus funciones", sostuvo Carlos Laplacette, uno de los abogados de Patti.
De todos modos, la asunción del ex intendente de Escobar no es segura, ya que el kirchnerismo y otros bloques de la Cámara baja anticiparon que volverán a impedir su jura.
Los camaristas Enrique Horacio Prack y Narciso Lugones habían confirmado el procesamiento con prisión preventiva de Patti en enero pasado, pero luego de que la Corte lo habilitara para asumir como diputado la Cámara de San Martín modificó su opinión.
En febrero, los camaristas habían señalado que "hasta tanto no haya un pronunciamiento concreto y firme del Supremo Tribunal de la Nación que restituya al recurrente sus fueros en particular, ellos no pueden ser invocados por hallarse aún operativa la decisión parlamentaria que le denegó el acceso a la banca".
Esta situación se concretó hace unos días por lo que la Cámara resolvió conceder la libertad a Patti, acusado de la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
Los jueces remarcaron que "resulta ahora aplicable respecto del encausado el artículo 69 de la Carta Magna, que establece que ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado"
"Excepto en el caso -argumentaron- de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho".
"En ese orden, si el diputado electo tiene inmunidad de arresto desde el día de su elección es claro, que la norma la extiende en el tiempo desde la fecha de los comicios y no desde la incorporación", añadieron.
En ese sentido, "habiendo sido reconocida plenamente esa calidad en cabeza del procesado por el aludido fallo de la Corte Suprema, este tribunal no puede negar actualmente dicho fuero a partir del acto que impidió el acceso del encausado a la Cámara respectiva".
"De modo que desconocer ahora la inmunidad importaría convalidar los efectos de esa decisión parlamentaria que ha sido, precisamente, tachada de inconstitucional por el órgano máximo y final en la materia, ignorando de ese modo lo resuelto por el Alto Tribunal", abundaron los magistrados en la resolución a la que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas.
En el fallo, de 11 carillas, los camaristas aludieron al artículo 1º de la Ley 25.320 la cual dispone que "en el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo".
Por otro lado, fuentes allegadas a la causa, adelantaron que el Congreso Nacional podría quitarle los fueros a Patti, y de esta manera podría volver a quedar detenido por disposición de la Justicia.
Patti está detenido desde diciembre pasado por orden del juez Suárez Araujo quien lo procesó junto a otros represores por los delitos de "privación ilegal de la libertad doblemente agravada" e "imposición de tormentos" y "allanamiento ilegal".
El ex subcomisario está acusado de haber participado en el secuestro y posterior desaparición del ex diputado del PJ Diego Muñiz Barreto, ocurrida en la zona de Ramallo, así como de los militantes Gastón Gonçalvez, Carlos Souto, José Fernández y Guillermo D´Amico.
Fuente: NA.
