Judiciales | El ex-funcionario kirchnerista de Transporte fue sentenciado por el pedido de un millón de dólares a cambio de la adjudicación del proyecto del denominado "tren bala" que nunca se concretó.
El 16 de enero de 2008, la entonces Presidente de la Nación, Cristina Kirchner, anunció que el consorcio Veloxia se quedaría con un contrato estipulado entonces en unos 10.000 millones de pesos y que insumiría tres años de ejecución.
“No es sólo una obra pública con altísima tecnología, sino que estamos dando un salto importante hacia una Argentina diferente que viene a completar un desarrollo y articulación en materia vial para el país”, dijo allá por 2008 la actual Vicepresidente.
Así culminaba el proceso que se había iniciado en abril de 2006, cuando el ex presidente Néstor Kirchner había anunciado la construcción del Tren de Alta Velocidad (TAVE) que iba a unir la Capital Federal con Rosario y Córdoba. El tren nunca se construyó. Tampoco se pagó un solo peso de la licitación.
El ex Secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime en las últimas horas fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos por haber pactado un pago ilegal de un millón de dólares en el marco de la adjudicación del denominado “tren bala”.
Pese a que el pago no se concretó porque el proyecto de construcción del tren de alta velocidad nunca se hizo, el Tribunal Oral Federal número ocho igualmente dispuso la condena.
Los Jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñíguez y José Toselli condenaron además a Jaime, quien está preso en relación con otros procesos en los que fue condenado, a pagar una multa de 90 mil pesos.
El juicio se realizó vía plataforma informática Zoom y el Tribunal anunciará los fundamentos de la condena el 22 de noviembre próximo.
El Fiscal de juicio, Marcelo Colombo, había pedido una pena de cuatro años y medio de cárcel de cumplimiento efectivo, en tanto que la defensa de Jaime había solicitado la absolución.
La acusación contra el ex funcionario kirchnerista se basó en un supuesto acuerdo espurio con la multinacional Alstom, a través de sus socios locales, para el pago de una coima de un millón de dólares a través de una consultora administrada por un colaborador cercano a Jaime.
