| La medida abarca también a los ex policías Juan Ramón Morales, Rodolfo Almirón y Miguel Angel Rovira. En la resolución a la que accedió Télam, el magistrado afirmó que el objetivo es lograr la extradición de la ex presidenta para ser juzgada por los delitos cometidos por la organización de extrema derecha en su gobierno.
El juez federal Norberto Oyarbide dictó hoy la prisión preventiva a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón por sospechar que prestó "una colaboración esencial" al accionar de la Triple A, liderada por su ex ministro de Bienestar Social, José López Rega.
El magistrado también tomó esa decisión para con los ex policías federales Juan Ramón Morales, Rodolfo Almirón y Miguel Angel Rovira, a quienes acusó por los homicidios atribuídos a esa organización de ultraderecha, según la resolución a la que accedió Télam.
"Por existir sospecha de que la nombrada habría prestado una colaboración esencial a los hechos bajo investigación en este sumario, es que habrá de solicitarse su extradición al Reino de España", anticipó en el escrito el magistrado sobre el próximo paso que dará referido a Isabel Perón, quien vive en ese país.
Para Oyarbide, la "conducta" de Isabel entre 1973 y 75 "habría otorgado una cooperación sin la cual los hechos no habrían podido cometerse de la forma en que se hicieron", es decir, en la "órbita" del Ministerio de Bienestar Social que conducía el fallecido José López Rega.
El juez explicó que la decisión de convertir el procesamiento de Isabel en prisión preventiva respondió a la "exclusiva finalidad de lograr su extradición" sobre la base los requisitos establecidos en el tratado que rige entre ambos países.
Si bien aclaró que no imputó a la ex presidenta por los homicidios de la banda, Oyarbide destacó que existen sospechas referidas a que ella conoció lo que ocurría y "permitió que la agrupación criminal" siguiera adelante "al amparo de la estructura gubernamental".
"La imputada permitió que la agrupación criminal -o quizá con más propiedad su líder (López Rega)- continuara actuando desde donde lo hacía al amparo de la estructura gubernamental y con elementos que el propio Estado le daba para su custodia", agregó.
El juez se refirió así a las armas, equipos de comunicación móviles y los custodios del fallecido José López Rega en el Ministerio de Bienestar Social, que tuvieron roles fundamentales en la Triple A.
"No es irrazonable sospechar que contaba al menos en su consentimiento para la realización de sus actos y que lo mantenía en esa posición desde donde la agrupación terrorista podía ir cumpliendo con su finalidad", consideró el fallo sobre la relación entre la ex presidenta y López Rega.
A María Estela Martínez no se le imputó "haber pertenecido a la Triple A ni haber cometido crímenes que se atribuyen a dicha agrupación criminal. De hecho, no existe ninguna prueba directa en el sumario -al menos hasta el momento- que permita formular tal imputación", aclaró Oyarbide.
En cambio, resaltó, "existen una serie de indicios que razonablemente permiten sospechar que la ex presidenta estaba en conocimiento de la situación".
"Pese a su posición no articuló los recursos con los que contaba por su condición para evitar que la agrupación continúe con su accionar delictivo o que -por lo menos- no lo haga desde las estructuras del Estado ni con los medios que el Estado proveía para la seguridad", continuó.
El juez tomó en cuenta los dichos de testigos referidos a "reuniones de Gabinete" donde "se proyectaban las fotografías de aquellos que habrían de ser eliminados", como habría sido el caso del asesinado ex subjefe de la Policía Bonaerense, Julio Troxler.
Y también recordó que la entonces presidenta designó a López Rega como embajador ante los Estados Europeos en 1975, cargo que le permitió salir del país rumbo a España, junto a sus principales colaboradores en la organización.
Martínez de Perón, quien cumplirá años el próximo 4 de febrero, continúa residiendo en su casa en Villafranca del Castillo, España, y debe presentarse cada 15 días a la Justicia, que por el momento le concedió la libertad provisional.
Además del pedido de Oyarbide, también tendrá en su contra el reclamo de extradición del juez mendocino Héctor Acosta, quien también ordenó captura en otra causa que investiga un asesinato cometido en esa provincia por la Triple A.
Fuente: Télam.
