| Es por la causa que investiga los crímenes cometidos por la Triple A. Entre las evidencias que cita el magistrado, alude a una reunión de Gabinete presidida por la ex mandataria, en la cual se habría resuelto el asesinato de Julio Troxler. Además, menciona la compra de armas al exterior con posible intervención directa del Ejecutivo.
El juez federal Norberto Oyarbide procesó hoy y ordenó la captura internacional de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, como sospechosa de haber participado en los crímenes cometidos por la organización de ultraderecha Triple A durante su gobierno.
El magistrado anticipó que solicitará la extradición de la ex presidenta a España para indagarla por el accionar del grupo criminal que lideró el fallecido ex ministro de Bienestar Social José López Rega, como fruto de una "política criminal y terrorista, institucionalmente implementada".
Según la resolución de tres carillas a la que accedió Télam, Oyarbide entendió que Isabel Perón "pudo haber participado en los hechos que se investigan", declarados delitos de lesa humanidad imprescriptibles por este mismo juez.
Entre otras evidencias, el juez remarcó una reunión de Gabinete presidida por Martínez de Perón donde se habría resuelto el asesinato de Julio Troxler. También aludió a la compra de armas con posible intervención directa del Poder Ejecutivo y a testimonios que indicarían que la ex presidenta consideraba propia la custodia oficial del fallecido ex ministro de Bienestar Social y fundador de la Triple A, José López Rega.
Oyarbide se refirió a "una reunión de gabinete que habría tenido lugar el 8 de agosto de 1974 en la residencia oficial de Olivos", donde se habría resuelto matar a Julio Troxler. En esa cita, "presidida por la entonces titular del Poder Ejecutivo Nacional", el juez consideró acreditado que "se proyectaron las imágenes de quienes serían asesinados, determinándose en dicha oportunidad la eliminación del nombrado Troxler".
Esto fue referido en la causa judicial por familiares de Troxler y ratificado hoy por el actual secretario de Derecho Humanos Eduardo Luis Duhalde, que compareció como testigo debido a que fue socio y amigo de otra víctima de la Triple A, el abogado Rodolfo Ortega Peña. El juez dio por probado que "en la órbita de uno de los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional -el de Bienestar Social- se habría gestado y habría funcionado la asociación ilicíta denominada Triple A".
"Dentro de sus oficinas, incluso, se encontró cantidad de armamento que excede ampliamente lo que razonablemente puede considerarse adecuado para la seguridad de sus dependencias y funcionarios", continuó el magistrado. En la investigación hay "constancias acerca de compra de armamento al extranjero a través del Ministerio de Bienestar Social", algo declarado por Alejandro Ferreira Lamas y Horacio Sierra, entre otros testigos.
En estas operaciones de compra de armas no se puede descartar, resaltó el juez, que "hubiera intervenido directamente el Poder Ejecutivo Nacional". Lo que ocurría por ese entonces era "manifiesto" e incluso el jefe de Regimiento Granaderos a Caballo y custodia de Casa de Gobierno y la residencia de Olivos, Jorge Felipe Sosa Molina, declaró que "a simple vista" se advertía la "ostentación de armas" de quienes acompañaban al ex ministro de Bienestar Social, el fallecido José López Rega.
Según este testimonio el entonces poderoso funcionario era siempre escoltado por un centenar de hombres armados e incluso relató "que en una inspección se incautaron panes de trotyl de uno de los vehículos", se recordó en la resolución. Sosa Molina contó a la Justicia que "en una oportunidad en que custodios de López Rega intentaron ingresar armados a la residencia de Olivos fueron inmovilizados preventivamente".
La entonces presidenta se enteró y según el testigo, le preguntó si "estaba presa" porque "se había enterado que algunos de ’sus’ custodios habían sido desprovistos de armas y detenidos", rememoró Oyarbide. Con la orden de detención de Isabel, Oyarbide se sumó a un pedido de captura emitido el viernes último por el juez federal de San Rafael, Mendoza, Héctor Acosta.
Ante la solicitud de extradición mendocina la ex presidenta, de 75 años, fue arrestada en su casa en Madrid y luego dejada en libertad provisional hasta que se defina su situación.
Oyarbide procesó ya a la viuda del ex presidente Juan Domingo Perón porque la causa que investiga los delitos cometidos por la Triple A se inició en 1975 y está regida por el viejo Código de Procedimientos en Materia Penal que contempla esta decisión antes de la toma de declaración indagatoria.
Fuente: Télam.
