Oyarbide quiere información sobre los fondos que giró De

El magistrado pidió prestar especial atención a las transferencias que se realizaron en 2007 y 2008 a estas cuatro jurisdicciones, ya que se les otorgó el 95 por ciento del dinero de uno de los programas de la cartera nacional. En total, serían 350 millones de pesos. El estudio se enmarca en el análisis que se está realizando para conocer el manejo de los recursos asignados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo que ya es abordado por la Auditoría General de la Nación (AGN). La AGN decidió investigar el circuito de fondos públicos que el Ministerio de Planificación giró a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El Gobierno nacional destinó 765 millones de pesos a municipios y provincias, que a su vez contrataron a la Fundación para la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos. “Queremos no sólo auditar el circuito formal sino la operatoria práctica y concreta para la construcción de las viviendas. Queremos conocer la ruta del dinero”, aseguró el titular de la Auditoría, Leandro Despouy. Ya la AGN había revelado en otros críticos informes, anomalías en transferencias de fondos desde la cartera que conduce De Vido hacia municipios para la ejecución de obras. Pero no existían auditorías de ninguna entidad de control en lo concreto sobre los movimientos de dinero que manejaban las Madres en la construcción de viviendas sociales. Por tal motivo, la oposición había exigido desde el Congreso que se haga un control profundo de la transferencia de fondos de la Nación en relación directa con las viviendas que construían la Fundación, cuyo apoderado era Sergio Schoklender. También el juez Norberto Oyarbide había solicitado a la AGN que le envíe las auditorías sobre los programas de viviendas de las Madres. En la Justicia ya se abrió una causa donde se investigan los contratos que provincias y municipios firmaron con las Madres, que está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Por otro lado, la AGN había controlado y arrojado resultados sobre el Programa Federal de Viviendas en algunas provincias y programas como los denominados 86 y 50 -sobre transferencias de fondos nacionales a municipios- para la asistencia técnica y financiera para la ejecución de obras. El común denominador de esos informes son la falta de criterio objetivo para la distribución de los recursos y un déficit en la rendición de cuentas para individualizar las partidas y sobre dónde se aplicó el dinero que el gobierno le dio a las provincias y municipios. Por ejemplo, el documento publicado sobre el Plan 50 cuestiona que “el Programa carece de una definición precisa de criterios objetivos de distribución de los recursos destinados a financiar obras en los municipios”. De las transferencias realizadas en 2007 y 2008, 350 millones de pesos -en total cerca del 95 por ciento- se concentraron en las cuatro provincias anteriormente mencionadas. Santa Cruz, tierra natal del matrimonio presidencial, Buenos Aires y Entre Ríos, con gobernadores ultra K, y Chubut, gobernada por el hoy cuasi opositor Mario Das Neves, pero que en la fecha de la auditoría (2007-2008) se mostraba alineado con la casa Rosada. En el informe que adelantó El Cronista en su edición del 11 de mayo de 2010, y reprodujo Uno Mendoza, se da cuenta de que el Plan 50 depende directamente de la subsecretaría de Obras Públicas que conduce Abel Fatala, pero es Carlos Kirchner, primo del ex presidente, quien está a cargo de la subsecretaría de Coordinación de Obras Públicas y quien debe encargarse de que el ambicioso plan de obras públicas oficial llegue a destino. También la AGN en el documento referido al Plan 86, denunció que el área que está a cargo del primo de Kirchner “no cumple con las metas que se propone, carece de una definición clara de los criterios de distribución de los recursos”.