Pedirían la elevación a juicio oral del caso de los sobo

En los próximos días, el fiscal Federico Delgado le elevará a Daniel Rafecas un pedido en este sentido. En las semanas siguientes, las defensas de los nueve ex funcionarios procesados responderán al respecto planteando las nulidades de rigor. La fecha en la que se realizaría el juicio oral es imposible de saber, teniendo en cuenta que en esto tendrá que intervenir la Cámara Federal; como fuera, sería el primer juicio que se conozca por el presunto pago de coimas entre legisladores para la sanción de una ley nacional. A los nueve ex funcionarios procesados se les imputa el delito de cohecho, activo o pasivo, según los casos. Esta figura se castiga con uno a seis años de cárcel. Hoy tienen todos embargos por un millón de pesos. Las coimas se habrían repartido entre el propio Costanzo, Augusto Alasino, Alberto Tell, Ricardo Branda, José Genoud. Estos, más Pontaquarto, el ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique; y el ex jefe de Inteligencia, Fernando de Santibañes, son quienes deberán sentarse como acusados ante un tribunal. El sumario suma 21 mil fojas. Rafecas tenía pensado finalizar la instrucción aún antes del jueves, cuando una ex colaboradora del senador peronista Remo Costanzo irrumpió confirmando en el juzgado el reparto de las coimas. Fuentes judiciales consultadas por Clarín informaron que, en estos días, el juez también se centrará en analizar los elementos —tres agendas y dos cuadernos— que le dejó la nueva testigo. Se trata de anotaciones personales. Verificarían, más que nada, que la mujer mantuvo con su ex jefe un vínculo laboral estrecho y "una relación de afecto especial", como ella lo definió. Enterado de la novedad, Costanzo pidió de inmediato volver a declarar para dar su versión sobre lo que le endilgaron: su ex secretaria juró que —como ya había dicho Mario Pontaquarto, el ex secretario parlamentario que resucitó la causa con su confesión de hace tres años— el senador Emilio Cantarero habría concentrado los sobornos. El ex presidente Fernando de la Rúa está en una situación distinta: sometido el mes pasado a indagatoria, Rafecas todavía tiene que resolver si lo procesa o no. La decisión podría estirarse también hacia fin de año, porque el juez tiene concedida una licencia por razones académicas desde mediados de septiembre hasta noviembre. Lo reemplazará en su juzgado Julián Ercolini, otro de los jueces federales designados en 2004 por Néstor Kirchner. La ley de Reforma Laboral fue sancionada en abril de 2000. Era un paso clave para el débil gobierno de la Alianza. Los rumores sobre el pago de coimas con dinero proveniente de fondos reservados dispararon la renuncia del vicepresidente, Carlos Alvarez. A los seis meses, envuelto en una gravísima crisis institucional, se terminó yendo De la Rúa. Sandra Patricia Montero fue, el jueves, la primera testigo que dijo haber visto el dinero de los presuntos sobornos. De acuerdo a su testimonio, publicado ayer por Clarín en exclusiva, se topó con una parte de la plata acomodada en una valija con las iniciales de su jefe, sobre una silla, en su despacho del Congreso. Costanzo la habría amenazado para que no revelara lo que al final contó: "Te juro que te mato". El viernes, una compañera suya, Natalia Verónica Tolosa, ratificó que Montero tenía muchísima confianza con Costanzo. Montero tiene guardada una prueba que avalaría aún más su posición y que —por el momento— guarda para el juicio oral. El defensor oficial de Costanzo, Rodolfo Catinelli, ayer insistió en que quiere un careo con Montero. Rafecas no piensa ordenarlo. Y la indagatoria que le pidió el ex senador rionegrino podría tomarla dentro de quince días. Lo que sí podría disponerse de inmediato es un estudio médico para el ex senador justicialista Angel Pardo, que goza de una falta de mérito en la causa. La nueva testigo lo comprometió. Su estado de salud —una diabetes avanzada— podría determinar que no está en condiciones de afrontar un proceso penal. Fuente: Clarín.