Martes 11 de Julio de 2006, 10:38

Piden el procesamiento de Cavallo por el "Megacanje"

| Lo hizo el fiscal Delgado que además solicitó la indagatoria de De la Rúa; también pidió que declare el ex subsecretario del Tesoro de EE.UU. David Mulford y acusó a otros ex funcionarios de la Alianza.

Un fiscal solicitó el procesamiento del ex ministro de economía Domingo Cavallo y otros funcionarios que lo acompañaron en su gestión y la indagatoria del ex presidente Fernando De la Rúa y el banquero estadounidense David Mulford, entre otros, en la causa que investiga el megacanje de deuda externa realizado durante esa administración. Así lo confirmaron a La Nación fuentes tribunalicias, quienes señalaron que el fiscal Federico Delgado le pidió al juez federal Jorge Luis Ballestero que también procese junto a Cavallo a Daniel Marx, Julio Dreizzen y Jorge Baldrich, integrantes del equipo económico del ex ministro de Economía. Tanto Cavallo, que había declarado ante Ballestero en junio de 2003, como Dreizzen y Bladrich, habían sido beneficiados con la falta de mérito en un fallo que la Cámara Federal porteña confirmó en mayo de 2004 . Sin embargo, y en base a nuevas pruebas, Delgado le solicitó a Ballestero que revea aquella medida y que procese a los ex funcionarios. El fiscal también quiere que el juez llame a indagatoria, en calidad de imputados, junto a Mulford, a Ernesto Marcer, por entonces Procurador General del Tesoro y a un grupo de banqueros que se beneficiaron con esa operatoria. El magacanje fue un plan de reestructuración de la deuda pública que instrumentó Cavallo en 2001. La operación intentó aliviar el pago de intereses de corto plazo a través de un canje voluntario de bonos del Estado. Como la situación financiera del Estado -y de la economía en general- era muy distinta de la actual, el Gobierno terminó pagando tasas elevadas, del orden del 15 por ciento, en una operación que rondó los US$ 30.000 millones. La operatoria de refinanciación de la deuda fue denunciada por el diputado Mario Cafiero por el posible delito de defraudación a la administración pública. Fuente: La Nación.