Piden investigar si hubo delito al desplazar al Gran Capitán

El día 29 de diciembre pasado cuando se dio a conocer el fallo del Tribunal Oral Federal 2 por la Tragedia de Once, que le costara la vida a 51 personas (una mujer estaba embarazada) dejando, además, a más de 750 heridos, muchos de ellos de gravedad, los Jueces solicitaron que se investigue al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Arquitecto Julio De Vido, si tuvo responsabilidad en dicha tragedia y por qué se quitó la concesión del tren de pasajeros llamado "El Gran Capitán". El servicio, que hasta 2011 fue operado por Trenes Especiales Argentinos S.A, y que cubría Federico Lacroze-Posadas (Misiones), fue otorgado en forma directa al Grupo Cirigliano, dueños, entre otros, de la exempresa concesionaria Trenes de Buenos Aires S.A. (T.B.A), como así, el servicio del denominado "Tren de los Pueblos Libres". No se descarta que la medida ordenada por el TOF 2 impulse también una investigación, radicada en los Tribunales Federales de Corrientes, sobre el aval del finalizado gobierno, y la complicidad de la Secretaria de Transporte de la Nación con dirigentes del gremio La Fraternidad y la exempresa concesionaria de carga -América Latina Logística (ALL)- en el secuestro de una formación del tren de pasajeros "El Gran Capitán", paso previo a que luego el servicio le fuera otorgado de manera directa a T.B.A. Los colegas de Crónica Ferroviaria consideran que aquella situación más que perseguir el destino de un tren o del servicio que prestaba era quedarse con los jugosos subsidios, que la empresa T.E.A. nunca recibió de parte del Estado Nacional. En el pedido del tribunal porteño también figura la necesidad de poner claridad sobre si De Vido dispuso el desvío de fondos del Estado que debían ser destinados a la renovación del material rodante y obras de infraestructura ferroviaria.