| Un abogado hizo la presentación, luego que un medio revelara que el patrimonio K creció un 158 por ciento. El delito por el que se los acusa tiene penas de hasta 6 años de prisión y una causa similar ya fue archivada por el juez Canicoba.
Luego que el diario Crítica de la Argentina revelara el escandaloso crecimiento de la fortuna del matrimonio K, el caso llegó hasta los estrados judiciales. Es que la presidente Cristina Fernández y su marido, Néstor Kirchner, fueron denunciados este jueves nuevamente en la Justicia federal para que se investigue si el aumento de 158 por ciento del patrimonio familiar durante 2008 constituyó el delito de enriquecimiento ilícito.
La presentación la hizo el abogado porteño Ricardo Monner Sans y presentó una ampliación de la denuncia que el letrado ya había hecho, por parecido motivo, en febrero de 2008, en el juzgado federal número 6 de Rodolfo Canicoba Corral, quien hasta ahora mantuvo archivado ese expediente.
La Oficina Anticorrupción había apelado esa decisión cuando estuvo a cargo de Manuel Garrido, quien dimitió al cargo luego que la Procuración General de la Nación resolvió nuevas instrucciones que aquél interpretó como restricciones a su tarea.
"Veintiocho millones creció el patrimonio del matrimonio. ¿De casi 18.000.000 de pesos se pasó a algo más de 46.000.000 de pesos? ¿Cómo es que han crecido exponencialmente los depósitos bancarios? ¿Es cierto que el matrimonio ha operado como prestamista de dinero? Caso afirmativo, ¿a qué tasa…?", se preguntó el abogado denunciante.
Monner Sans también sugirió que se investigue si "es cierto que tierras fiscales de Santa Cruz -dos hectáreas- pasaron a manos del matrimonio a $ 6.50 el metro cuadrado, con ulterior reventa a precio infinitamente superior ($ 6.300.000). De un año a otro, ¿vendieron 14 propiedades? ¿ A quiénes? ¿En qué fecha? ¿Cuándo se escrituraron?", dice según publica Crítica.
En cuanto a las deudas del matrimonio, Monner Sans indicó que pese a tener “semejante patrimonio, son 'deudores' de un Banco del grupo económico de un amigo -Enrique Eskenazi- de quien todavía se señala que es menester investigar de qué manera se hizo de una porción de nuestra extranjerizada YPF”, advierte.
El abogado solicitó al juez que ordene el requerimiento establecido por el artículo 268 del Código Penal para el enriquecimiento ilícito y recordó que ese delito tiene una pena de prisión de 2 a 6 años, multa del 50% del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua.
