| A partir del mes próximo y hasta febrero, el Gobierno volverá a restringir las exportaciones de carne, que ahora tendrán un tope de 45.000 toneladas por mes, un 11% menos de lo que se envía actualmente.
La decisión está tomada y cuenta con el visto bueno de los frigoríficos y la resignación de los productores, que a cambio recibieron la baja en el peso mínimo de faena de 280 a 260 kilos y un diferimiento en el pago del impuesto a las ganancias en la compra de vientres.
El tema fue parte de la agenda en las ásperas reuniones que anteayer encabezó el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con dirigentes de las principales entidades rurales, y se espera que la resolución se firme antes de fin de mes, cuando vence la compleja estructura normativa que regula el comercio exterior de carnes.
La prohibición de los embarques impuesta en marzo pasado para frenar los precios de la carne venía flexibilizándose en los últimos meses. Ahora, ante una mayor demanda del consumo interno y una oferta de hacienda levemente inferior que el año pasado, los precios del ganado volvieron a subir y el Gobierno volvió a intervenir en el Mercado de Liniers.
Ayer, en la principal plaza ganadera del país, de donde sale el 18% de los animales para faena, ingresaron 7989 cabezas, poco más de la mitad de lo habitual para un miércoles. En tanto, el índice novillo llegó $ 2,483, luego de que anteayer cotizara a $ 2,530. En un contexto de agresivo control de precios fijado por el Gobierno, parece una paradoja que el valor de referencia elaborado por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) sea todavía superior al de Liniers. Ese valor cerró ayer en $ 2,61.
Al referirse al nuevo límite a las exportaciones, Mario Ravettino, flamante presidente del consorcio de exportadores de carne ABC, dijo que su sector "está dispuesto a hacer este esfuerzo, porque para la industria, los trabajadores y los productores sería peor un cierre total; preferimos una restricción temporal que luego permita retomar el camino de la apertura". Resignados, los dirigentes ruralistas aceptaron los nuevos límites a cambio de las concesiones que ya lograron, pero temen que sean los frigoríficos los únicos beneficiados.
En tanto, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) -que agrupa a 310 sociedades rurales de todo el país- evitó convocar a un nuevo paro agropecuario. En un encuentro que duró cinco horas, los principales dirigentes de la entidad decidieron en cambio pedirle al presidente de la Nación, Néstor Kirchner, "una audiencia urgente".
Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), principal impulsora del paro en el campo, "en aras de la unidad del movimiento rural confederado, aceptó una instancia negociadora propuesta por el presidente de CRA, Mario Llambias", según informó en un comunicado.
