POR LAS COIMAS EN EL SENADO DE LA RUA A TRIBUNALES

El ex presidente Fernando De la Rúa ampliará hoy su indagatoria en un intento por desvirtuar la acusación del fiscal Federico Delgado, quien pidió su procesamiento al imputarle la "compra", en 2000 y mediante el pago de sobornos, de la ley de reforma laboral. La audiencia fue fijada por el juez federal Daniel Rafecas ante un nuevo pedido de De la Rúa para cuestionar las últimas medidas de prueba y rebatir los argumentos de Delgado, que lo acusó de haber "ordenado la compra" de la ley para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). En el mes de octubre último -en un dictamen de 11 carillas al que Télam tuvo acceso- el representante del ministerio público pidió el procesamiento de De la Rúa por "el delito de cohecho activo (pago de coimas) en calidad de autor" y aludió a la "estrecha y particular relación" entre el ex presidente y el FMI. Delgado dijo que la ley de reforma laboral era necesaria para cumplir con las exigencias del organismo crediticio que fueron el "motivo real" que tuvo el ex Jefe del Estado "para ordenar que se paguen sobornos en el Senado de la Nación". La intervención de De la Rúa en los hechos "fue esencial a tal punto que sin su aval no se hubiera podido producir la conducta delictiva", resumió el fiscal tras reiterar que el pago de coimas obedeció a la grave situación económica que se vivía y a las exigencias de los organismos de crédito. "La necesidad de reformar algunas leyes, literalmente a ’cualquier precio’" para que los mercados "viesen señales positivas para invertir" fue analizada por Delgado, quien enfatizó que "para permanecer fue necesario ’comprar’ una ley". Además, De la Rua intentará desvirtuar la descripción del despacho presidencial que hizo el "arrepentido" Mario Pontaquarto. En ese sentido, el fiscal sostuvo que esos dichos "se compadecen con la realidad" y que en la reunión del 4 de abril de 2000, cuando se acordó el pago de las coimas, efectivamente se realizó. "Se probó que desde la oficina presidencial el mismísimo Presidente de la Nación era parte del acuerdo ilegal y que, no sólo lo aprobaba, sino que encomendaba ultimar los ’detalles’ con el secretario de inteligencia", el ya procesado Fernando de Santibañes, se reseñó en aquel dictamen. La última ampliación de indagatoria la realizó el 6 de julio cuando calificó como una "herejía" atribuirle el pago de sobornos en la cámara alta y criticó a "quienes creen que algo así pudo tramarse en el despacho de los primeros mandatarios argentinos". Ya en su momento, al solicitar la elevación de la causa a juicio oral y público, Delgado había sido muy duro con el Jefe del Estado al momento de los hechos y los parlamentarios acusados de intervenir en las maniobras. "Los hechos que aquí se investigan ocurrieron en el parlamento y en la presidencia, o sea en los centros donde ’vive’ la democracia en su versión liberal porque allí debaten, mejor dicho debían debatir, los representantes del pueblo", dijo Delgado en esa oportunidad. El fiscal calificó el pago de las coimas como "la crisis más aguda de la vida institucional" argentina "desde la salida democrática" de 1983 y sostuvo que esos hechos ocurrieron "en el centro neurálgico en que los representantes del pueblo debían reunirse a deliberar". En esta causa ya tienen procesamiento confirmado por "cohecho activo", la misma figura por la que Delgado pidió que se procese a De la Rua, el ex ministro de Trabajo de la Alianza, Alberto Flamarique, Santibañes y Pontaquarto. Por "cohecho pasivo" (cobro de los sobornos) los procesados fueron los ex senadores justicialistas Augusto Alasino (Entre Ríos), Emilio Cantarero (Salta), Remo Costanzo (Río Negro), Alberto Tell (Jujuy) y Ricardo Branda (Formosa) y el radical José Genoud.