| En medio de una nueva polémica entre el Gobierno y la oposición por el clima social, la Iglesia dijo ayer que siente una “gran preocupación” por la “escalada de violencia” registrada en los últimos días.
El titular de la Comisión de Pastoral Social, Jorge Casaretto, calificó de “complicada” la situación social del país y volvió a reclamar diálogo entre los distintos sectores.
“Lo que está pasando nos genera una gran preocupación. Si hay un método que no podemos usar en la Argentina es el de la violencia. Tenemos que propiciar una cultura de diálogo, de encuentro y de búsqueda de consensos. Todas las cosas se pueden hablar”, afirmó el obispo de San Isidro.
En declaraciones televisivas, Casaretto se metió de lleno en la discusión que se desató entre la oposición y el Gobierno nacional por la presencia de sectores piqueteros presuntamente financiados por la administración central.
De hecho, la titular de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y la senadora de ese partido María Eugenia Estenssoro hablaron de grupos armados afines al oficialismo y el jefe de Gabinete Aníbal Fernández salió a negarlo.
“Esta escalada nos deja muy preocupados y siempre estamos tratando de ofrecer nuestras mediaciones para que esto no ocurra”, señaló.
El titular de la Pastoral Social del Episcopado argentino dijo estar “preocupado” por el “escrache” contra el senador radical Gerardo Morales en Jujuy por parte de un grupo de manifestantes signados como kirchneristas y la toma del Concejo Deliberante de Mar del Plata, organizada por grupos de desocupados.
Casaretto fue más lejos y planteó que “la situación social está complicada” y que “la situación política también”, pero señaló que “hay que ver qué otros elementos pueden estar integrando la escalada”.
“Los argentinos de por si somos una sociedad sumamente fragmentada. El diagnóstico siempre es que los intereses de grupo priman por sobre el interés común. Esto es lo que hay que desarticular a través de un gran trabajo de diálogo”, analizó.
Poco antes de presentarle al Ejecutivo nacional el proyecto de ingreso universal para la niñez, Casaretto confirmó que su implementación beneficiaría a unos seis millones de menores de 18 años y que requiere casi 13.000 millones de pesos.
Fuente: NA.
