PROCESAMIENTOS Y MILLONARIOS EMBARGOS PARA EX MARINOS

La medida que alcanzo a otros 16 ex miembros de la Armada -todos considerados integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2- y constituyó una ampliación de procesamientos anteriores en la misma causa, fue dictada por el juez federal Sergio Torres, a cargo del sumario por delitos contra derechos humanos en la ESMA durante la ultima dictadura militar. Otros procesados que recibieron multillonarios embargos son Oscar Antonio Montes, Manuel Jacinto Garcia, Antonio Pernias, Alberto Eduardo González, Jorge Raúl González, Jorge Perren, Jorge Radice, Francisco Lucio Rioja, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar Savio, Pedro Antonio Santamaria, Victor Francisco Cardo, Roque Martello, Ernesto Frimon Weber, Luis Maria Mendia y Ricardo Guillermo Corbetta. En algunos casos, como los de Pernías, Rolón, Perren y García, los embargos ascendieron a 175 millones de pesos, porque se les atribuyeron 175 hechos de privacion ilegal de la libertad y tormentos. Muchas de las víctimas de los procesados aun permanecen desaparecidos, mientras que algunos de los que recuperaron la libertad brindaron sus dichos que fueron tomados como elementos de prueba incriminatoria. Para ampliar los procesamientos Torres-con la intervención del secretario Diego Slupsky-, evaluó "todos los antecedentes que existen en el marco de esta causa, relacionado con la víctima de que se trate, sea ante la Justicia Militar, ante la Justicia de Instrucción o ante la Justicia Criminal y Correccional Federal". También analizó las declaraciones recibidas en forma personal o vía exhorto diplomático de "familiares, amigos, conocidos o compañeros de cautiverio" que brindaron "los datos necesarios para conocer los más acabadamente posible con cada detalle relacionado con el secuestro y con el destino final sufrido". El magistrado considero probada la creación, en el ámbito de la ESMA, del Grupo de Tareas 3.3.2., para combatir y aniquilar el terrorismo mediante el secuestro de personas a las que se torturaba para obtener información. Algunos sobrevivientes de la ESMA manifestaron que en varias oportunidades, mientras estaban detenidos, las instalaciones de Escuela fueron visitadas por el entonces almirante Emilio Eduardo Massera y otros, entre ellos el canciller Montes, "que por sus uniformes y distintivos parecían oficiales de alta graduación". "Las órdenes ilícitas -dijo Torres- se entremezclaron dentro de la estructura legal de la lucha contra la subversión y fueron acompañadas de un intenso adoctrinamiento acerca de que se trataba de acciones de una guerra no convencional, y que constituían la única forma de combatir la delincuencia revolucionaria". El juez recordó que, en la "Causa 13", en el "Juicio a las Juntas Militares" la Camara Federal concluyó que "toda la estructura montada para luchar contra la subversión siguió funcionando normalmente bajo la dirección de los procesados, sólo cambió la forma de combatir" con la "garantia de impunidad que recibieron los ejecutores". Los secuestrados -operativos perpetrados por integrantes de distintas fuerzas de seguridad con automoviles Ford Falcon- una vez ingresados en la ESMA "eran llevados al sótano donde les aplicaban golpes y torturas mediante corriente eléctrica" y luego conducidos a una habitación en forma de altillo, que denominaban "Capucha" donde les colocaban grilletes. El magistrado afirmó que "todo aquel que era llevado a la ESMA recibió un trato inhumano" como la imposición a presenciar los tormentos aplicados a otras personas". Como ejemplo del maltrato el juez citó el empleo de "esposas, capucha y grilletes, la permanencia las 24 horas del día en una colchoneta en el piso sin permitírseles hablar, la exigua comida, los golpes a los que sin razón eran sometidos por los guardias" y "la utilización de seres humanos para pruebas de laboratorio tales como dardos con tranquilizantes o el chaleco antibalas". Las víctimas eran "frecuentemente interrogadas", con "picana" -pasaje de corriente eléctrica por el cuerpo- sobre el paradero de Mario Firmenich u otros líderes de la Agrupación Montoneros. La resolución también se dedicó a "aquellos que por distintas declaraciones se conoce que fueron llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada y perdieron la vida allí o que fueron ultimados al intentarse su secuestro", para sostener que esos casos deben ser calificados como de tormentos. El magistrado llegó a esa determinación porque los hechos involucraban "a personal militar y toda la estructura y logística de la Armada ya que quienes tenían a su cargo la organización de la fuerza tuvieron que disponer de partidas alimentarias, medicamentos y lugares físicos para los detenidos". Fuente: Télam.