Política | El Gobierno ha prohibido el uso de aviones públicos para fines privados, una decisión impulsada por los costos generados por los viajes privados de la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, que habrían costado al Estado cinco millones de dólares.
Mediante un Decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno anunció la prohibición del uso de aviones públicos para actividades con fines privados.
El vocero Manuel Adorni explicó que esta medida responde a los vuelos privados realizados por Cristina Fernández de Kirchner en los últimos cuatro años, que sumaron un total de 194 viajes con un costo estimado de cinco millones de dólares para el Estado.
El Decreto 2024/12 establece que las aeronaves del Estado solo podrán ser utilizadas para actividades relacionadas con el ámbito público.
Asimismo, se realizará una revisión exhaustiva de los registros de vuelo para detectar cualquier uso indebido.
El artículo 2 del decreto permite que los aviones del Estado Nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires, los municipios y empresas estatales realicen actividades comerciales y de trabajo aéreo, siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes de la autoridad aeronáutica.
La normativa también señala que los servicios de navegación aérea deberán dar prioridad a las aeronaves públicas, las cuales podrán ser utilizadas en contratos interjurisdiccionales, siempre que las partes involucradas pertenezcan al sector público.
El Decreto instruye a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a que, en un plazo de 120 días, emita una normativa específica sobre el uso de aeronaves públicas y privadas de propiedad estatal.
Respecto a los 194 vuelos de Cristina Fernández de Kirchner, se reporta que durante su período como vicepresidenta, realizó viajes frecuentes a Santa Cruz sin justificación oficial.
Según un informe del periodista Federico Teijeiro, de La Nación, estos vuelos se realizaban de jueves a domingo, permitiéndole descansar en sus residencias de Río Gallegos o El Calafate.
Los viajes incluyeron el uso de aeronaves de la flota presidencial, aviones de la empresa YPF y taxis aéreos alquilados, implicando un gasto cercano a los cinco millones de dólares para el país.
