Quitarán la concesión al grupo que explota el puente Ros

A diferencia de las anteriores reestatizaciones de la administración kirchnerista —Correo, Thales, ferrocarril San Martín y Aguas Argentina— que se basaron en incumplimientos de inversiones; ésta vez la rescisión contractual con Puentes del Litoral se debe a la convocatoria de acreedores que solicitó la empresa por una deuda de US$ 39 millones con la dragadora Boskalis. Según el análisis oficial, el concurso de acreedores que pidió la operadora privada representaría un escollo insalvable para la concesión, que desde sus inicios arrastra serios cuestionamientos. Como primera medida, el Gobierno ya decidió anular la renegociación que había acordado en febrero Puentes de Litoral y en la cual se preveía una suba en los peajes del 20% y la cesión del 20% de las acciones al Estado a cambio de las deudas impagas. Y a partir de mañana, los técnicos de la cartera de Planificación y del Órgano de Control Vial (OCCOVI) comenzarán a evaluar los alcances de la rescisión contractual que se instrumentaría a fines de mayo. De acuerdo con los datos obtenidos por Clarín de fuentes oficiales, la reestatización sería transitoria y en pocos meses se volverá a licitar con un esquema similar al utilizado en la concesión de las rutas nacionales. La operación y el mantenimiento superficial quedarán en manos privadas mediante el cobro de peaje. Y por otro lado, el Estado afrontará las mejoras y las obras estructurales que requiera el viaducto. La concesión del enlace vial Rosario-Victoria acumuló numerosas críticas y conflictos. La obra implicó una inversión total de US$ 385 millones que se cubrió en su mayor parte con recursos públicos. La Nación aportó US$ 221 millones y las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, $ 10 millones cada una. Y los restantes $ 144 millones quedaron a cargo del grupo adjudicatario. Según las reglas de juego, el consorcio constructor —además de cobrar los desembolsos estatales— se aseguraba el repago de su inversión con la percepción de los peajes durante 25 años. La obra que había arrancado con demoras a principios de 1999 quedó paralizada a fines de 2001. La crisis económica le impidió al concesionario acceder a un crédito del BID. Después de varios meses de negociaciones, el Gobierno nacional salió a auxiliar a la empresa con un préstamo de $ 52 millones que permitió la conclusión del puente y su inauguración a principios de 2003. Ahora, el tiro de gracia a la concesión se le dio la compañía Boskalis que había realizado los trabajos de dragado. Puentes del Litoral intentó "pesificar" una deuda de US$ 39 millones, pero la empresa holandesa —con fallo favorable obtenido en un arbitraje en La Haya— decidió pedirle la quiebra ante la falta de voluntad de pago de los accionistas. Fuente: APF.