Reabren una investigación sobre torturas en Malvinas

Se trata de un fallo de la jueza federal de Río Grande, Lilian Herráez, quien tiene a su cargo la causa principal por delitos de homicidio, lesiones, abandono de persona, reducción a la servidumbre y torturas a soldados de Malvinas. Este pronunciamiento se suma al de la jueza federal de Comodoro Rivadavia Eva Parcio de Selemme, quien investiga un caso por presuntos maltratos contra el ex soldado Juan Carlos Gómez -desprendimiento de la causa principal-, y en febrero lo declaró delito de lesa humanidad y crimen de guerra. Al mismo tiempo, Noticias Argentinas pudo saber que para la segunda parte del año, la jueza Herráez comenzará a llamar a indagatoria a los imputados, luego de que el fiscal de la causa solicitara que llame a prestar declaración a más de 50 militares, muchos de ellos aún en actividad. “Los crímenes de los cuales vengo discurriendo son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van mas allá de los limites de lo tolerable para la comunidad internacional”, señaló la jueza en la resolución a la que tuvo acceso Noticias Argentinas. “Cuando el individuo es agredido en sus más altos valores, se ataca también a la humanidad. Por eso lo que caracteriza esencialmente el crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima”, agregó. Además, la jueza coincidió con el dictamen fiscal en que “un acto inhumano cometido contra una sola persona podría constituir un crimen contra la humanidad y de lesa humanidad, si se situara dentro de un sistema o se ejecuta según un plan, o si presenta un carácter repetitivo que no deja ninguna duda sobre las intenciones de su autor”. Así, la jueza Herráez rechazó el pedido de prescripción formulado por la defensa de Jorge Taranto, uno de los imputados por el fiscal, y al mismo tiempo, una solicitud que había hecho para que la magistrada decline su competencia a favor de un Tribunal militar. La defensa oficial de Taranto había argumentado que como los delitos se habrían cometido en 1982, en pleno conflicto bélico, su investigación estaría prescripta por el transcurso del tiempo. “Al ser el derecho penal militar un derecho de excepción, especial, sólo se pretende que la suerte de sus integrantes sea decidida por jueces independientes que no estén sometidos a ningún poder disciplinario, más que a su responsabilidad institucional, tal y como lo regula la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”, remarcó Herráez. “Entonces como corolario los tribunales administrativos -entre ellos los militares- son incompetentes para aplicar penas”, abundó. Además, advirtió que “los hechos aquí investigados no lo fueron en el conflicto bélico sino por el contrario fueron sacados a la luz en tiempo de paz, y en este tiempo no es otra que la jurisdicción Federal, a través de sus Magistrados quien se halla facultada para opinar respecto de los mismos”. La causa por maltratos y aplicación de torturas contra varios ex combatientes de Malvinas se inició tras una denuncia en Río Grande en enero de 2007, tras una presentación del entonces Subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes Pablo Vassel. En su declaración testimonial, más de 80 ex soldados relataron situaciones de estaqueos, aplicación de tormentos y hasta un caso de homicidio, sumado a varias situaciones de hambrunas que provocaron la muerte de varios combatientes. Fuente: NA.