Reglamentarán los decretos de necesidad y urgencia

El kirchnerismo y el radicalismo llegaron a un acuerdo en el Senado para reglamentar los decretos de necesidad y urgencia (DNU), una rémora que tiene el Congreso desde la reforma de la Constitución Nacional en 1994. Según explicó el jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, esta norma sería tratada en el recinto el 28 de junio. El proyecto que se pondrá a consideración fue elaborado por la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Cristina Fernández de Kirchner, y determina que los DNU firmados por el Presidente de la Nación deben ser ratificados por el Congreso. Sin embargo, el dictamen propuesto por la primera dama y aceptado en Asuntos Constitucionales no le pone plazo al Congreso para que se expida, con lo cual los DNU podrán estar vigentes de hecho mientas los legisladores no se pronuncien. De este modo, según la interpretación de algunos legisladores y asesores la situación no cambiará sustancialmente respecto del estado actual, cuando los DNU no cuentan con un mecanismo formal de aprobación parlamentaria. Fernández de Kirchner bajó a la reunión de comisión con un pre-dictamen elaborado en base a ocho proyectos que habían presentados senadores de distintas bancadas. La intención de todas esas iniciativas era reglamentar el instituto del DNU y poner en funcionamiento la comisión bicameral prevista en la Constitución para analizar los decretos, comisión que estará integrada por ocho senadores y ocho diputados, de acuerdo con la representación proporcional que tienen los partidos en las cámaras. Frente a ese mandato de los constituyentes de 1994, los legisladores repartieron sus posturas en dos visiones sobre el tema más controvertido que era qué pasaba si el Congreso no ratificaba ni rechazaba un DNU. Un grupo de legisladores, encabezados por Pichetto, postuló que el silencio del Congreso debía interpretarse como una aprobación del decreto, lo que en la jerga legislativa se conoce como "sanción ficta". Otro grupo, con el jefe del bloque radical, Ernesto Sanz al frente, planteó que el silencio del Congreso debía ser considerado como un rechazo, lo que abona la doctrina de la necesidad de una "sanción expresa". La propia Fernández de Kirchner había presentado un proyecto con esta última posición cuando era diputada, y también emitió un dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales cuando el presidente era Eduardo Duhalde. Sin embargo, la primera dama sorprendió hoy a propios y extraños porque modificó su posición original y promovió una postura intermedia: el silencio del Congreso no representa ni aceptación ni rechazo. De este modo, los decretos seguirán vigentes hasta que el Congreso emita su posición, lo cual podría producirse muchos años más tarde o nunca, con la consecuente incertidumbre jurídica. El pre-dictamen sólo indica que el Poder Ejecutivo tiene diez días hábiles para enviar el DNU al Congreso, y después la comisión bicameral que crea el proyecto tiene otros diez días hábiles para emitir dictamen. Si la comisión no se expide en ese período, el plenario de las cámaras pueden abocarse de oficio y tratar el tema en el recinto. Fernández de Kirchner justificó a partir del artículo 77 de la Constitución Nacional la imposibilidad de avanzar con el criterio de la sanción ficta, y aclaró que la comisión y la reglamentación regirán para los decretos de necesidad y urgencia, los decretos por delegación legislativa y los decretos de promulgación parcial de leyes. Sanz elogió calurosamente el dictamen porque "está contemplando la raíz, la matriz de los mejores proyectos que se presentaron, y se está respetando rigurosamente la Constitución". No obstante ello, aclaró que disentía con la negativa a poner un plazo para que el Congreso se expida. Fuente: DyN.